Quien cobra el complemento de gran incapacidad (la antigua gran invalidez) y una prestación económica de dependencia verá que la segunda se reduce en el importe del complemento, porque la ley considera que ambas pagan lo mismo: la ayuda de otra persona. Así lo establece el artículo 31 de la Ley 39/2006, en la redacción que le ha dado la Ley 4/2026, vigente desde el 23 de octubre de 2026. La única excepción nueva es el Grado III+ de dependencia extrema, que puede cobrar ambas íntegras.
Qué dice ahora la ley
El artículo 31.1 dispone que la percepción de una prestación económica de dependencia «deducirá de su cuantía» cualquier otra prestación de análoga naturaleza y finalidad de los regímenes públicos de protección social. La reforma, publicada en el BOE del 3 de octubre, enumera expresamente cuatro:
- El complemento de gran incapacidad del artículo 196.4 de la Ley General de la Seguridad Social.
- La asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 75%.
- El complemento por necesidad de otra persona de la pensión de incapacidad no contributiva.
- El subsidio de ayuda a tercera persona que todavía cobran algunos beneficiarios de la antigua LISMI.
Es decir, no se descuenta la pensión de incapacidad en sí, sino el complemento que se paga específicamente para costear a la persona que ayuda en las actividades básicas de la vida diaria.
Cuánto puede llegar a restar el complemento
El complemento de gran incapacidad no es pequeño. Según el artículo 196.4 de la LGSS, equivale a la suma del 45% de la base mínima de cotización vigente cuando se reconoce la incapacidad y del 30% de la última base de cotización del trabajador en la contingencia de la que deriva. Además, nunca puede ser inferior al 45% de la pensión sin complemento.
Por eso, en muchos casos el complemento supera la cuantía de la prestación económica de dependencia. Como el descuento se hace sobre esta última, la ayuda de la dependencia «puede quedar muy reducida o en nada», según explica el despacho Monfort & Bonell en su análisis de la reforma.
Qué ayudas se ven afectadas y cuáles no
El descuento solo opera sobre las prestaciones económicas de la dependencia: la de cuidados en el entorno familiar, la vinculada al servicio y la de asistencia personal. En cambio, los servicios, como la ayuda a domicilio, el centro de día o la plaza residencial, no se reducen por cobrar el complemento.
Cabe recordar que tener reconocida una gran incapacidad no equivale a tener un grado de dependencia: este lo valora la comunidad autónoma con su propio baremo. Por eso, quien cobra el complemento puede pedir la dependencia y valorar después si le compensa más una prestación económica, que sufrirá el descuento, o un servicio.
La excepción del Grado III+
La principal novedad de la Ley 4/2026 en este punto está en el nuevo apartado 2 del artículo 31: el descuento no se aplica a las personas que tengan reconocida la situación de Grado III+ de dependencia extrema, pensado para quienes necesitan cuidados máximos y continuos, como en fases avanzadas de la ELA. En esos casos, pueden cobrar a la vez el complemento y la prestación de dependencia sin recortes.
Asimismo, la reforma ha suprimido el régimen estatal de incompatibilidades entre prestaciones del sistema dentro de las intensidades de cada grado, aunque eso no altera las incompatibilidades que fije cada comunidad ni la deducción de las ayudas análogas, que sigue en vigor.
Qué conviene hacer
Quien cobre alguno de estos complementos debe comunicarlo a su comunidad autónoma al solicitar la dependencia o cuando se le reconozca. Si no lo hace y cobra la prestación completa, la Administración puede reclamar después lo percibido de más. Con todo, si el estado de salud se ha agravado, puede valer la pena pedir una revisión de grado por si encaja en el Grado III+, la única vía que permite ahora sumar ambas ayudas.