La gran pregunta que rodea a la reforma de la Ley de Dependencia es quién pagará los nuevos servicios y prestaciones. La Ley 4/2026, de 1 de octubre, en vigor desde el 23 de octubre de 2026, no aumenta por sí misma la financiación del sistema, pero sí obliga a abrir ese debate en un plazo concreto.
La disposición adicional vigésima de la norma prevé la creación de un grupo de trabajo estatal sobre la financiación y sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Doce meses para constituir el grupo
Según el texto publicado en el BOE, el Gobierno, «en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta ley, constituirá un grupo de trabajo en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
En este grupo participarán representantes de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, con el objeto de «realizar un análisis pormenorizado de las necesidades de financiación del sistema».
Para qué servirán sus conclusiones
La ley establece que las conclusiones del grupo de trabajo se elevarán al pleno del Consejo Territorial y servirán de base para determinar los criterios y procedimientos de cálculo de la certificación del gasto.
A partir de ese momento, será de aplicación lo previsto en el artículo 32 de la Ley 39/2006, que regula la financiación del sistema. Este artículo establece el reparto de la financiación entre el Estado y las comunidades autónomas a través del nivel mínimo de protección y del nivel acordado.
Un viejo conflicto entre el Estado y las comunidades
Desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, la financiación ha sido uno de los principales puntos de conflicto. Las comunidades autónomas, que gestionan el sistema, reclaman desde hace años que el Estado aporte más fondos, mientras que la ley fijaba inicialmente un reparto a partes iguales.
La certificación del gasto es clave porque determina cuánto dinero aporta realmente cada Administración. Sin un criterio común, es difícil saber si el reparto se cumple y cuánto cuesta realmente atender a cada persona dependiente.
Qué significa para las personas dependientes
La reforma amplía el catálogo de servicios, reconoce la teleasistencia como derecho para todas las personas con dependencia, suprime el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y refuerza la asistencia personal, entre otras medidas. Sin embargo, muchas de estas novedades dependerán de que las comunidades autónomas cuenten con recursos suficientes para aplicarlas.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha marcado como objetivo eliminar las listas de espera de la dependencia en 2028. El trabajo de este grupo será determinante para saber si el sistema dispone de los fondos necesarios para lograrlo. En tododisca ya explicamos lo que la nueva Ley de Dependencia no cambia a pesar de su entrada en vigor.