Este jueves 23 de octubre entra en vigor la Ley 4/2026, la mayor reforma de la discapacidad y la dependencia en casi veinte años. Pero entre tantos titulares, se han extendido algunas ideas que no se corresponden con lo que dice el BOE. Estas son cinco cosas que no cambian ese día.

1. El 65% por dependencia no sirve para la pensión no contributiva

La ley considera que un grado II o III de dependencia equivale a un 65% de discapacidad, pero solo donde una norma lo prevea expresamente. La pensión no contributiva y la asignación por hijo a cargo siguen exigiendo un grado de discapacidad reconocido de al menos el 65%.

2. Tampoco vale para Hacienda

La equivalencia no se aplica en el ámbito tributario. Quien quiera las deducciones del IRPF por discapacidad necesitará su certificado. Lo explicamos en detalle en este artículo.

3. Las incompatibilidades autonómicas siguen vigentes

La ley suprime el régimen estatal de incompatibilidades, pero cada comunidad mantiene el suyo hasta que lo cambie. Tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2030 para hacer compatibles las prestaciones de base domiciliaria.

4. No hay nuevo baremo todavía

El nuevo baremo de valoración de la dependencia debe aprobarse en un plazo de 12 meses. Hasta entonces, las valoraciones se harán con el instrumento actual.

5. No llegan ni el grado III+ ni el IVA superreducido

La ley no crea un grado III+ estatal ni aplica un IVA del 4% a nuevos servicios o productos para la dependencia. Algunas comunidades tienen sus propias medidas, pero no forman parte de esta reforma.

Lo que sí cambia desde el jueves

Entre otras medidas, el plazo de resolución se reduce a tres meses, desaparece la espera de dos años para la paga del cuidador, la teleasistencia pasa a ser un derecho en cualquier grado y las prestaciones para cuidados familiares, asistencia personal y viviendas con apoyos quedan exentas de IRPF.