La Federación Empresarial de la Dependencia (FED), presidida por Ignacio Fernández-Cid, ha dado a conocer diez medidas para reformar el sistema de atención a la dependencia en España. Entre las más destacadas figuran elevar la financiación pública hasta el 1,8 % del PIB, liberar suelo dotacional para levantar residencias ante un déficit de 75.000 plazas y aplicar a todas las plazas y servicios el IVA superreducido del 4 %. La organización también reclama modificar la Ley de Dependencia para que los criterios de reconocimiento del grado sean iguales en toda España.
Las propuestas abarcan cuatro frentes: la financiación, la falta de profesionales, la fiscalidad y las trabas para abrir nuevos centros.
Una misma ley para todo el territorio
La primera petición de la patronal pasa por cambiar la Ley de Dependencia para unificar los criterios con los que se concede el grado de dependencia, así como las prestaciones y los servicios mínimos a los que da derecho. Es decir, que una persona con la misma situación reciba una valoración y una atención equivalentes viva en la comunidad autónoma que viva.
En el terreno económico, la FED plantea que el gasto en dependencia alcance el 1,8 % del producto interior bruto, una cifra con la que busca sostener un sistema que, a su juicio, necesita más recursos para atender la demanda.
Cuidadores: más reconocimiento y profesionales de fuera
La federación pone el foco en la escasez de personal. Por un lado, pide una campaña publicitaria institucional que dignifique la figura del cuidador profesional y haga más atractivo el trabajo en el sector.
Por otro, propone abrir la puerta a trabajadores extranjeros formados en su país de origen, mediante contingentes de profesionales cualificados. Asimismo, reclama que la homologación de títulos universitarios obtenidos en países de fuera de Europa se resuelva en un plazo máximo de tres meses, para que estos perfiles puedan incorporarse antes a residencias y servicios.
Precios, IVA y acreditación de centros
Otra de las demandas se centra en los precios públicos de concierto, es decir, lo que la Administración paga a las empresas por las plazas que gestionan para el sistema público. La FED pide actualizarlos para que reflejen el coste real de los servicios y derogar su vinculación a la Ley de Desindexación, la norma de 2015 que limita la revisión automática de estos importes.
En materia fiscal, la patronal quiere acabar con la diferencia de tipos de IVA que existe hoy:
- 4 % para las plazas concertadas y las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS).
- 10 % para las plazas privadas.
La propuesta es aplicar el 4 % a todas las plazas y servicios de dependencia, lo que abarataría la factura de las familias que pagan una plaza privada.
La federación también solicita derogar o modificar el Acuerdo de Acreditación, conocido en el sector como «Acuerdo Belarra» por la exministra de Derechos Sociales que lo impulsó, y que fija los requisitos que deben cumplir los centros.
Suelo y licencias para abrir más residencias
Ante la falta de 75.000 plazas residenciales, la FED propone liberar suelo dotacional, el reservado para equipamientos, para construir nuevos centros. En aquellas zonas donde la oferta privada no sea suficiente, plantea desarrollar planes de concesión administrativa.
Por último, pide agilizar las licencias de obra y de actividad mediante el silencio administrativo positivo. Con esta fórmula, si la Administración no responde en el plazo establecido, la solicitud se daría por aprobada.
Con este decálogo, la patronal sitúa sobre la mesa las principales reivindicaciones de las empresas del sector, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y una demanda de cuidados que no deja de crecer.