Alan Brozel, ciudadano británico de 74 años afincado en Gata de Gorgos (Alicante), sobrevive con una pensión de 687,27 euros al mes y con los ingresos que consigue limpiando viviendas, paseando perros y atendiendo apartamentos turísticos. El motivo, según ha relatado él mismo al diario británico Daily Mail, es la quiebra en 2017 de Continental Wealth Management, la gestora en la que él y su mujer, Paulene, habían depositado 175.000 euros para su plan de pensiones. Perdieron todo el capital.
Cabe recordar que Brozel se jubiló anticipadamente a los 50 años convencido de que sus ahorros y su pensión le permitirían vivir sin sobresaltos en la costa alicantina. La pareja dejó atrás el clima de Londres con la idea de convertir el retiro en una etapa tranquila. Casi dos décadas después, ninguno de los dos ha dejado de trabajar.
Una gestora que perdió 35 millones de euros de miles de pensionistas
Tal y como recoge ElEspañol, Continental Wealth Management llegó a esfumar 35 millones de euros procedentes de las pensiones y los ahorros de miles de personas, en buena parte residentes extranjeros en España, al colocarlos en activos de alto riesgo. Es decir: productos con una volatilidad muy superior a la que un ahorrador cercano a la jubilación puede asumir sin poner en peligro su sustento.
Brozel sostiene que la operación no se ajustó a lo pactado. Según su versión, la empresa le comunicó que el dinero iría a activos de bajo riesgo y le pidió firmar varios documentos para dar cobertura formal a la inversión. «Falsificaron nuestras firmas para invertir en riesgo alto», ha denunciado el afectado.
«Eran todos mis ahorros, todo lo que tenía después de trabajar para un par de empresas y realizar algunas inversiones que habían salido bien»
Asimismo, empleados de la propia gestora declararon en su momento que la dirección optó deliberadamente por destinar el dinero de los clientes a inversiones de alto riesgo, un elemento que refuerza la versión de los perjudicados.
De la jubilación soñada a los portales de empleo
Sin ahorros y con una pensión que ronda los 687 euros, el matrimonio ha recurrido a anunciarse en portales de empleo para captar cualquier tipo de encargo. «Aceptamos cualquier encargo, limpiar casas, pasear perros o encargarnos de los apartamentos de vacaciones, no hemos parado de trabajar ni un día», explica Brozel.
Su caso ilustra un fenómeno cada vez más visible: el de los pensionistas que se ven obligados a compatibilizar su prestación con algún tipo de actividad remunerada porque el importe que perciben no cubre el coste de la vida. En su caso, además, se suma la dificultad práctica de recuperar el dinero: la vía para resarcirse es prácticamente inviable, dado el tiempo transcurrido y la situación de la sociedad gestora.
«No solo he perdido mi jubilación, sino la confianza»
Más allá del quebranto económico, el jubilado insiste en el daño personal. «No solo he perdido mi jubilación, sino la confianza», señala, en referencia a la sensación de desprotección que arrastra desde entonces.
«Nuestra idea era muy diferente, queríamos que nuestra jubilación fueran unas vacaciones, con viajes por todo el mundo y poder pagarlo con nuestro dinero; ahora me queda mi pensión de 687 euros y lo que gano trabajando»
Con todo, el caso de Brozel vuelve a poner el foco sobre la comercialización de productos de inversión a personas próximas a la jubilación y sobre la importancia de contrastar quién asesora y con qué autorización opera. En España, la supervisión de las entidades habilitadas para prestar servicios de inversión corresponde a la CNMV, cuyos registros públicos permiten comprobar si una firma está autorizada antes de entregarle un solo euro. Un trámite de minutos que, en episodios como este, marca la diferencia entre una jubilación tranquila y volver a fichar a los 74 años.
