Cuidar de un padre con alzhéimer, de una hija con parálisis cerebral o de una pareja con ELA supone horas y horas de trabajo diario que no aparecen en ninguna estadística económica. La Ley 4/2026, de 1 de octubre, en vigor desde el 23 de octubre de 2026, quiere poner cifras a esa realidad y obliga al Gobierno a medir cuánto aporta a la economía española el trabajo de cuidados no remunerado.
El mandato se recoge en la disposición adicional decimocuarta de la norma, que reforma las leyes de discapacidad y dependencia.
Qué dice la ley
Según el texto publicado en el BOE, «en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno elaborará y aprobará un plan de trabajo, con un horizonte temporal de cinco años, destinado al desarrollo de instrumentos estadísticos y metodológicos para la medición de la aportación de los trabajos no remunerados a la economía española».
Es decir, antes de octubre de 2027 el Gobierno deberá tener aprobado ese plan, que se desarrollará durante los cinco años siguientes.
Por qué es importante medir los cuidados
El trabajo doméstico y de cuidados que se realiza dentro de las familias no se contabiliza en el Producto Interior Bruto (PIB), a pesar de que sin él el sistema de atención a la dependencia sería inviable. La inmensa mayoría de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres, que en muchos casos han tenido que reducir su jornada o abandonar su empleo para cuidar.
El preámbulo de la Ley 4/2026 lo reconoce de forma expresa: «La feminización del trabajo de los cuidados y su invisibilidad han generado brechas significativas en términos de empleo, tiempo, salud y bienestar para las mujeres«.
Por ello, la ley apuesta por un modelo de cuidados orientado a la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y por el «reconocimiento social, económico y jurídico del valor de los cuidados».
Qué cambiará con estos datos
Disponer de estadísticas oficiales sobre el valor económico de los cuidados permitirá:
- Visibilizar la aportación real de las familias cuidadoras al bienestar social.
- Diseñar políticas públicas de apoyo a las personas cuidadoras con datos objetivos.
- Evaluar el impacto de las medidas de conciliación y corresponsabilidad.
- Planificar mejor la financiación del Sistema de Dependencia.
Otras medidas para las personas cuidadoras
Esta disposición se suma a otras novedades de la reforma para quienes cuidan. Entre ellas, que las personas cuidadoras incluidas en un Programa Individual de Atención (PIA) que hayan tenido que dejar su trabajo serán colectivo prioritario para las políticas de empleo, o que la prestación para cuidados en el entorno familiar se abre a personas del ámbito relacional, y no solo familiar, de la persona dependiente.
Además, la ley obliga al Ministerio de Derechos Sociales a realizar de manera bianual un informe de evaluación de la incidencia de género de las modificaciones introducidas en la Ley de Dependencia.