Andalucía ha alcanzado un nuevo récord en su sistema de atención a la dependencia al cierre de mayo de 2026, con 352.209 personas atendidas y 551.828 prestaciones activas, y ha reducido el tiempo medio de espera hasta los 446 días, la cifra más baja de los últimos 15 años. Así lo ha trasladado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, quien ha defendido que estos datos demuestran que la apuesta del Gobierno andaluz por reforzar y agilizar el sistema «está dando resultados», según la información facilitada por la Consejería de Inclusión Social.
Cabe recordar que la dependencia se rige por la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal, que reconoce el derecho a recibir ayuda a las personas que no pueden valerse por sí mismas. El tiempo de espera para acceder a una prestación de dependencia es uno de los indicadores más vigilados del sistema.
Cómo han evolucionado las cifras desde 2018
Según los datos aportados por la Junta, el sistema andaluz mantiene una tendencia al alza respecto a 2018, último año de gobierno socialista en la comunidad. La consejería cifra el aumento de personas atendidas en un 65,9% y el de prestaciones en un 97,5% en ese periodo.
El dato que más destaca el Gobierno andaluz es el de los plazos. La espera media se sitúa ahora en 446 días, frente a los más de tres años y medio que, según la consejera, había al final de la etapa anterior.
«Somos conscientes de que queda mucho por hacer y queremos seguir reduciendo esta cifra, pero partíamos de esperas de más de tres años y medio durante la etapa socialista, y hoy hemos logrado rebajar el plazo en más de dos años.»
Las claves de la agilización
López ha atribuido la mejora a un conjunto de medidas de gestión impulsadas por la Junta. Las principales, según la Consejería, son:
- Simplificación del procedimiento, que ahora contempla una única visita y una única resolución.
- Un único aplicativo informático que permite seguir la trazabilidad completa de cada expediente.
- La reducción del plazo administrativo para abrir centros residenciales, que ha pasado de dos años a tres meses.
Más financiación y nuevas plazas, según la Junta
La consejera ha puesto el foco en el refuerzo presupuestario del sector. De acuerdo con los datos que maneja la Junta, la financiación de plazas residenciales y centros de día para mayores ha subido un 33,4% desde 2019, y un 38,9% de media en el caso de las personas con discapacidad, frente a incrementos del 0,30% y el 1,17%, respectivamente, que la Consejería atribuye a los gobiernos socialistas en un periodo equivalente.
En el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), la Junta cifra el aumento de financiación en un 34,3% desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia, frente a un 0% entre 2007 y 2018. «Los datos hablan por sí solos», ha enfatizado la consejera.
En cuanto a plazas, López ha contrapuesto las 283 plazas que, según su versión, se crearon en la última legislatura socialista con las más de 5.000 generadas en los últimos cuatro años, que —ha precisado— «cuentan con financiación presupuestaria, a diferencia de etapas anteriores».
El pulso por la financiación con el Gobierno central
El presupuesto andaluz para 2026 destina 2.610 millones de euros a la dependencia, lo que la Junta describe como la mayor cifra de su historia. Sobre ese reparto, la consejera ha sostenido que la comunidad asume el 71% de la financiación y el Estado el 29%, pese a que la ley establece un modelo compartido al 50%.
Por ello, López ha reiterado su petición al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a la vicepresidenta María Jesús Montero para que, en sus palabras, «firmen con Andalucía el mismo acuerdo alcanzado con el País Vasco para la financiación del 50% de la dependencia».
«Los andaluces no son ciudadanos de segunda y el Gobierno de Juanma Moreno no va a dejar de defender los intereses de esta tierra. No somos más que nadie, pero tampoco menos.»
A pesar de los récords anunciados, la propia consejera ha admitido que el sistema todavía arrastra una espera de más de un año, por lo que la reducción de los plazos seguirá siendo el principal reto de la política de dependencia en Andalucía en los próximos meses.
