La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad que el Congreso aprobó el 14 de julio de 2026 obliga por ley al Estado a financiar el 50 % del sistema e inyecta 6.200 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027. Gregorio Saravia, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, la valoró al día siguiente en declaraciones recogidas por Europa Press: la reforma supone dejar atrás un sistema que «arrastrábamos desde el año 2006» y que «no servía para los fines para los que fue concebido».
Un 50 % que deja de negociarse cada año
El cambio de fondo no está en una prestación concreta, sino en quién paga. Hasta ahora la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se fijaba ejercicio a ejercicio y las comunidades venían asumiendo la mayor parte del coste real. La reforma convierte ese 50 % en una obligación legal.
Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la aportación del Gobierno a las comunidades alcanzará los 7.239,4 millones de euros en 2027. El texto reduce además de seis a tres meses el plazo para resolver las prestaciones, un punto sensible en un sistema donde la tramitación se ha medido en cientos de días.
Qué dice el CERMI
Saravia, que ese mismo 15 de julio calificó la reforma de «positiva» y de «paso adelante», situó el avance en el terreno de los derechos. Los contenidos, señaló, «van en el buen camino, respetando los principios que ya han sido consagrados con la reforma del artículo 49 de la Constitución», y sirven para «reforzar todo lo que tiene que ver con la autonomía personal y con la dignidad de las personas con discapacidad».
El delegado del CERMI recordó también que desde la organización «ya habíamos señalado muchas veces» que las cantidades que recibían las familias «resultaban muy insuficientes», y que por eso procede «replantear completamente el modelo anterior de atención a este colectivo».
Lo que las entidades siguen reclamando
El respaldo no es incondicional. El 26 de julio de 2026, la publicación especializada Convención Discapacidad tituló que el CERMI lamenta que el Gobierno «no ha sido valiente» para abordar el copago en la reforma de ambas leyes. El copago —la parte del coste del servicio que asume la persona usuaria según su capacidad económica— es el punto que el movimiento asociativo lleva años señalando como el gran pendiente, porque condiciona el acceso efectivo a residencias, centros de día y ayuda a domicilio.
Del lado del Gobierno, el ministro Pablo Bustinduy defendió en el Pleno que se trata de «la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo» y de «una revolución y una transformación profunda» del sistema público de cuidados, con el que, dijo, «se deja de tratar a las personas como meros números».
Dónde está ahora el texto
Las cuantías ya se han movido. El nivel mínimo de protección que financia el Estado subió con efectos desde el 1 de julio de 2026: el grado III pasó de 290 a 660 euros al mes, el grado II de 130 a 260 y el grado I de 76 a 90 euros.
La reforma de la Ley 39/2006, en cambio, no está cerrada: tras el visto bueno del Congreso continúa su tramitación en el Senado y a 22 de agosto de 2026 no se había publicado en el BOE. Hasta entonces, las comunidades siguen aplicando el marco vigente, con el colapso administrativo que denuncian entidades y particulares y que ha llevado a rostros conocidos, como la actriz Assumpta Serna, a organizarse para reclamar plazos reales.
