Josefa Soria es una mujer de 80 años con un grado de discapacidad del 65% y un grado II de dependencia. La Administración de la Generalitat Valenciana le ha retirado el derecho a seguir cobrando la pensión no contributiva, debido a que ha incumplido con el requisito de carencia de rentas.
Uno de los requisitos básicos para tener derecho a la pensión no contributiva es cumplir con un determinado requisito de carencia de rentas para acreditar una situación de vulnerabilidad económica. En caso de incumplir esta condición, la Administración tiene potestad para retirar la pensión no contributiva y reclamar al ciudadano las cantidades percibidas indebidamente.
Josefa ha perdido la pensión y tiene que devolver 27.000 euros
Josefa vive actualmente con su hija Esther. Ambas han recibido una carta de la Dirección Territorial de Servicios Sociales, Familia e Infancia de Valencia. En dicha carta informan a Josefa que se extingue su pensión no contributiva. Además, la Administración le reclama un total de 26.942 euros recibidos durante los últimos años.
Respecto a esta situación, Esther confiesa en un reportaje con ‘Levante-EMV’ que «tenemos miedo de que nos quiten la casa». De un momento para otro, Josefa se ha encontrado con esta compleja situación.
Josefa Soria llevaba unos 20 años cobrando la pensión no contributiva, cuya cuantía en este año 2026 es de 628,80 euros al mes. La última mensualidad percibida por esta ciudadana fue en mayo de 2026.
Concretamente, comenzó a percibir la pensión no contributiva de incapacidad hace unos 20 años. Sin embargo, a partir de los 65 años de edad, pasó a tener consideración de pensión no contributiva de jubilación para la Administración.
Piden una revisión del caso
Existen discrepancias importantes entre la versión de la Administración y la de Josefa y su hija. Al parecer Josefa vendió hace años una casa en su pueblo porque reconoce que no podía vivir con solamente una pensión de unos 500 euros.
En este sentido, los órganos competentes administrativos detectaron un aumento patrimonial superior a 22.000 euros y rendimiento inmobiliarias. A pesar de ello, su hija explica que esta cantidad de dinero no significa que ella pueda pagar la cantidad que le reclaman en la actualidad.
Además, Josefa también tenía alquilada su vivienda en Valencia y llegó a cobrar una cantidad del seguro tras afrontar situaciones de impagos por parte de los inquilinos. Todos estos datos fueron detectados por la Administración.
Así, tras detectar que Josefa Soria tuvo ingresos superiores al límite permitido para tener derecho a cobrar la pensión no contributiva, desde la Administración le enviaron requerimiento para confirmar los datos. Desde la Administración informan que Josefa nunca respondió.
Por tanto, algunos de los datos que se tendrán que dirimir a través de la asistencia jurídica son los ingresos computados y la posible respuesta al requerimiento administrativo. Actualmente, esta ciudadana ha dejado de cobrar su pensión no contributiva y ha sido obligada a devolver casi 27.000 euros por cobros indebidos.
Además de todo lo expuesto anteriormente, es preciso aclarar que Josefa tiene reconocido un grado II de dependencia. Ella percibía algo más de 700 euros para pagar la residencia en la que vivía hasta hace aproximadamente un mes. Ahora ha vuelto a su casa y esperan una nueva cita con los servicios sociales para comunicar los cambios producidos y aclarar cómo quedara la situación. En cualquier caso, tanto Josefa como su hija afirman que lucharán para que se revise su situación.
