Las personas en situación de dependencia ya no tendrán que comprar o alquilar por su cuenta muchos de los productos de apoyo que necesitan en su día a día. La Ley 4/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de octubre, crea un nuevo servicio de préstamo y cesión temporal de estos productos dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Para muchas familias se trata de uno de los gastos más pesados cuando un familiar pierde autonomía. Hablamos de grúas de traslado, camas articuladas, sillas de ducha u otros dispositivos que, hasta ahora, en muchos casos corrían a cargo del bolsillo de cada hogar o dependían de ayudas puntuales de cada comunidad autónoma.
Un nuevo servicio en el catálogo de la dependencia
En concreto, la reforma modifica el artículo 25 bis de la Ley de Dependencia, que pasa a regular el servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal. Su objetivo es facilitar a la persona dependiente, «que así lo desee y durante el tiempo que lo requiera», el acceso a los productos necesarios para realizar las actividades de la vida diaria mediante un sistema de préstamo o de cesión temporal.
La ley define qué se entiende por producto de apoyo con una fórmula muy amplia: todo dispositivo, instrumento, programa informático, equipamiento o sistema técnico destinado a prevenir, compensar, aliviar o eliminar limitaciones en la autonomía o a facilitar la participación en la comunidad. Es decir, no solo entran los productos físicos, sino también soluciones tecnológicas y digitales.
Este servicio se suma así al catálogo de la dependencia junto a la ayuda a domicilio, la asistencia personal, los centros de día y de noche o la atención residencial. Precisamente, con esta reforma la teleasistencia será un derecho para todas las personas con dependencia.
Compatible con el resto de ayudas y en cualquier grado
Uno de los aspectos más relevantes es que el préstamo de productos de apoyo tendrá carácter complementario. Esto significa que se podrá recibir en cualquiera de los grados de dependencia (I, II y III) y junto al resto de prestaciones recogidas en el Programa Individual de Atención (PIA).
Además, el texto incluye una garantía importante para las familias: su reconocimiento no podrá implicar la reducción, suspensión o eliminación de otros apoyos necesarios. La única excepción será cuando exista una duplicidad efectiva y acreditada respecto a un mismo concepto de gasto.
Así, una persona que ya cobre una prestación económica o reciba ayuda a domicilio no tendrá que renunciar a ella para que le presten, por ejemplo, una cama articulada o una grúa de traslado.
¿Qué productos se podrán pedir prestados?
La ley no fija todavía una lista cerrada. Será el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el que acuerde un catálogo mínimo común con los tipos de productos que podrán prestarse o cederse dentro de la Red de Servicios Sociales, así como el procedimiento para aprobarlo y actualizarlo.
Eso sí, quedan fuera los productos que ya proporciona la sanidad pública. Aquellos incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, como ocurre con buena parte de la prestación ortoprotésica, seguirán tramitándose por la vía sanitaria. De esta forma, se busca evitar que ambos sistemas se solapen.
Cuándo entra en vigor
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia entrará en vigor el 23 de octubre de 2026, veinte días después de su publicación en el BOE. A partir de entonces, el nuevo servicio formará parte del catálogo, aunque su aplicación práctica dependerá de la aprobación del catálogo mínimo común y de la organización de cada comunidad autónoma.
Para acceder a él, será necesario tener el grado de dependencia reconocido y que el servicio se incluya en el PIA. Cabe recordar que la nueva norma también establece que las personas con dependencia tendrán reconocido automáticamente un 33% o un 65% de discapacidad, otra de las novedades más esperadas por las familias.