Juana Fernández tiene 45 años y trabajaba como limpiadora en una empresa de tartas congeladas cuando ella misma se encontró un bulto en el pecho. El diagnóstico fue un cáncer de mama triple negativo en estadio 3. A la dureza de la enfermedad se sumó otro golpe: la pérdida de ingresos durante la baja médica.
«Es una bofetada, no quiero que mi enfermedad cueste dinero», ha denunciado en un reportaje publicado por Redacción Médica.
«Nunca lo cobras completo»
Juana estuvo de baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común, la misma contingencia que se aplica a un resfriado o a una lesión leve. Esto supone que el trabajador no cobra los tres primeros días, percibe el 60% de la base reguladora desde el cuarto hasta el vigésimo día y el 75% a partir del día 21. «Nunca lo cobras completo», lamenta.
Después, tras una llamada de la Seguridad Social para que se reincorporara, tuvo una nueva baja por salud mental. Finalmente fue despedida tras un acuerdo con la empresa y ahora cobra la prestación por desempleo, a la espera de una intervención quirúrgica pendiente.
«Por lo menos quiero que a mi familia mi enfermedad no le cueste dinero», insiste.
Dos años y medio esperando un juicio
Juana lleva unos dos años y medio esperando el juicio con la Seguridad Social, que está previsto para el próximo mes. Su caso refleja los largos plazos de los procesos de incapacidad permanente: según los datos recogidos en el reportaje, la vía administrativa dura de media entre 6 y 9 meses, y la judicial entre 15 y 18 meses más por instancia.
Lo que reclaman las pacientes
Juana pide que el cáncer no se trate como una enfermedad común a efectos de las prestaciones, y que se cambie la forma de conceder las ayudas para que quienes lo padecen puedan mantener un salario digno durante el tratamiento.
Actualmente, la duración máxima de la incapacidad temporal es de 545 días (365 más una prórroga de 180). Si el tratamiento continúa, el INSS puede demorar la calificación de la incapacidad permanente. Muchos convenios colectivos incluyen complementos que elevan la prestación de baja hasta el 100% del salario, por lo que los expertos recomiendan revisar el convenio aplicable.