AccessibleEU, AMETIC y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han reunido este martes 23 de junio de 2026 en Madrid a representantes institucionales, juristas y empresas tecnológicas para abordar cómo lograr una Justicia plenamente accesible. Durante la apertura, el ministro Félix Bolaños ha sentenciado que «la justicia, para que sea justicia, ha de ser accesible. Si no, será otra cosa». La jornada, titulada «Si no es accesible, no es Justicia», ha puesto el foco en las herramientas digitales, las sedes judiciales, los documentos y la formación de los operadores jurídicos.
Cabe recordar que la transformación digital de la Administración de Justicia avanza de forma acelerada en España y en el conjunto de la Unión Europea, impulsada por la necesidad de modernizar los servicios públicos y garantizar el acceso efectivo a derechos fundamentales.
La tesis central del encuentro, organizado por el Centro Europeo de Accesibilidad, es que esa digitalización solo puede considerarse completa si incorpora desde el diseño criterios de accesibilidad universal que permitan a cualquier persona interactuar con sistemas, edificios, documentos y profesionales en igualdad de condiciones.
El propio Bolaños lo ha resumido así durante su intervención: «De nada sirven los grandes postulados dogmáticos y constitucionales si una persona, una sola, no puede interactuar con el sistema judicial en igualdad de condiciones.»
Una iniciativa para homogeneizar la accesibilidad en toda la UE
Jesús Hernández Galán, director de AccessibleEU y director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, ha recordado que el centro es «una iniciativa emblemática, estratégica de la Estrategia de Derechos de las Personas con Discapacidad», concebida para ayudar a implementar la legislación en materia de accesibilidad. Para Hernández Galán, el reto de fondo es la armonización europea: lograr «que la accesibilidad signifique lo mismo en todos y cada uno de los países que componen la Unión Europea».
En la misma línea, Alberto Durán, vicepresidente de Fundación ONCE, ha insistido en que las leyes son importantes, pero que es necesario avanzar «con hechos concretos» para que la ciudadanía perciba una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a la Administración de Justicia. Francisco Hortigüela, presidente de AMETIC, ha reivindicado por su parte el valor de la colaboración público-privada, que ha calificado de «ejemplo a nivel internacional» por poner en contacto a la industria digital con la accesibilidad.
Justicia digital accesible desde el diseño
El primer bloque de la jornada se centró en garantizar que las plataformas, aplicaciones y sistemas que usa la Administración de Justicia puedan ser utilizados por todas las personas. El debate abarcó los portales de tramitación electrónica, los sistemas de gestión procesal, las herramientas de videoconferencia judicial y la inteligencia artificial aplicada a los procesos.
Javier Hernández Díez, subdirector general de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales de Justicia, ha explicado que el Ministerio mejora sus herramientas contando con los propios usuarios, «entre los cuales se encuentran personas con discapacidad». Además, ha señalado un frente clave: la colaboración con la ONCE para evaluar servicios de inteligencia artificial que reescriban las resoluciones, ya que los documentos judiciales, ha reconocido, «a cualquiera que no sea jurista le va a costar leer».
Sedes judiciales sin barreras: del cumplimiento formal al uso real
La accesibilidad física de los edificios judiciales fue otro de los ejes del encuentro. Los expertos coincidieron en que avanzar hacia sedes sin barreras exige ir más allá del cumplimiento normativo y atender a la experiencia real de uso de cada persona.
José Luis Borau Jordán, jefe de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE, lo ha resumido recordando que la cuestión «va mucho más allá de la rampa». Hay que entender los espacios, la orientación y elementos que la normativa no recoge, como los espacios de calma. Su advertencia ha sido contundente: si el sistema judicial no se aborda de forma global, «esa será la gran barrera que tendrá la justicia».
Lenguaje claro y documentos que se puedan entender
La jornada también puso el foco en la accesibilidad documental: que resoluciones, notificaciones y formularios puedan leerse, comprenderse y utilizarse por cualquier ciudadano. Blanca Tejero Fernández, codirectora del Centro de Accesibilidad Cognitiva, ha defendido que la accesibilidad cognitiva «nos apela a todos» y no se circunscribe a un diagnóstico concreto.
«La lectura fácil es una herramienta que puede garantizar que un documento, pese a ser un documento válido y legal, escrito con los términos y diccionarios propios de la justicia, pueda entenderse.»
Formar a jueces, fiscales y abogados
El último panel se dedicó a la formación de los operadores jurídicos —jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores— en accesibilidad y discapacidad, tanto en la fase inicial como en la continua. La sesión subrayó que la accesibilidad no es solo una cuestión técnica, sino una garantía ligada a la tutela judicial efectiva.
Ana Libertad Laliena Piedrafita, magistrada y profesora del área Penal de la Escuela Judicial, ha defendido que la misión es formar juristas capaces de impartir «una justicia que sea cercana, comprensible y respetuosa con los derechos fundamentales».
Un llamamiento a reforzar la cooperación
El encuentro se cerró con una apelación a estrechar la colaboración entre instituciones públicas, sector tecnológico, profesionales del Derecho y organizaciones de personas con discapacidad. Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia, ha defendido que la cooperación público-privada «completa el círculo» a la hora de tomar decisiones más acertadas, antes de hacer suyo el lema de la jornada:
«Si no es accesible, no es justicia. Si no es inclusiva, si no es comprensible, tampoco es accesible.»
