El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) reclama al Gobierno de España que la futura Ley de Inteligencia Artificial (IA) garantice los derechos de las personas con discapacidad, así como de sus familias.
En concreto, desde el CERMI han presentado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sus enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso de la Inteligencia Artificial en el país. No solo solicitan que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, sino también que se refuercen.
La Ley de Inteligencia Artificial y las personas con discapacidad
Las medidas propuestas por el CERMI se basan en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el artículo 49 de la Constitución Española. Todo ello centrado en la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, desde el CERMI apuestan por aprovechar las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial para:
- Impulsar la autonomía personal e independencia de las personas con discapacidad.
- Favorecer la accesibilidad universal.
- Prevenir los riesgos de discriminación y exclusión derivados del diseño y utilización de estos sistemas.
Así, desde el CERMI han establecido las enmiendas en cuatro ámbitos prioritarios con la finalidad principal de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en España. A continuación, desde Tododisca, vamos a analizar cada uno de estos puntos.
En primer lugar, desde el CERMI exigen que todos los procedimientos previstos en la futura ley sean universalmente accesibles y comprensibles. En este caso, se incluyen los canales de información y reclamación, inspecciones, registros, sanciones y explicaciones sobre decisiones algorítmicas.
Por otro lado, reivindican que «las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias participen en la elaboración de directrices, en las tareas de supervisión, en los espacios de pruebas y en la gobernanza de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial».
Claves para garantizar los derechos de las personas con discapacidad
Por otro lado, los representantes del CERMI también solicitan que las garantías de accesibilidad, no discriminación e igualdad se conviertan en obligaciones jurídicas vinculantes. Es decir, que el incumplimiento de ello pueda conllevar una sanción.
Finalmente, también proponen que las administraciones públicas garanticen que los sistemas de Inteligencia Artificial que utilicen sean accesibles y respetuosos con los derechos humanos. Del mismo modo, se plantea una supervisión humana para certificar que se cumple con esta medida.
Por todo ello, desde el CERMI solicitan a los diferentes grupos parlamentarios la aprobación de estas enmiendas en la futura Ley de Inteligencia Artificial en España. Al respecto, manifiestan que «la futura regulación deberá asegurar una supervisión accesible, participada, informada y exigente, así como procedimientos efectivos de reclamación, reparación y sanción cuando se vulneren derechos».
Además, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad aclaran que los derechos de las personas con discapacidad deben protegerse a través de obligaciones jurídicas vinculantes, que puedan ser supervisables y exigibles. Los derechos de las personas con discapacidad, así como del resto de los ciudadanos deben quedar blindados con la futura Ley de Inteligencia Artificial.
Como conclusión, desde el CERMI argumentan que «ningún avance tecnológico puede considerarse progreso si reproduce discriminaciones, consolida barreras o excluye a una parte de la sociedad».
