Manuel Sobrino Senra, vecino de A Guarda (Pontevedra) y usuario de silla de ruedas por una espina bífida de nacimiento, ha dirigido al Congreso de los Diputados una petición para que una norma de ámbito estatal obligue a sustituir en todos los municipios las señales que todavía rezan «excepto minusválidos» en las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida. La iniciativa, publicada en la plataforma de participación ciudadana Osoigo, acumula 17 apoyos de los 1.500 que necesita para escalar posiciones y ser trasladada a los diputados.
Cabe recordar que el término que denuncia Sobrino no solo ha caído en desuso: fue expulsado del lenguaje jurídico español hace ya años. Sin embargo, sigue impreso en paneles metálicos de calles de toda España, en algunos casos junto a plazas pintadas y reservadas hace décadas y nunca renovadas.
Qué pide exactamente la petición
El autor de la pregunta parte de una idea que repite a lo largo de su texto: el lenguaje institucional no es un detalle menor, sino parte del propio mensaje que las administraciones lanzan a la ciudadanía.
«Especialmente importantes son los mensajes que se lanzan desde las instituciones públicas: ‘qué’ se dice, y ‘cómo’ se dice, adquieren en este caso una mayor significación.»
Sobrino sostiene que «minusválido» es «un término claramente despectivo y actualmente en desuso» que, a su juicio, debería sustituirse cuanto antes por fórmulas como «personas con movilidad reducida» o «personas con diversidad funcional». Y añade un argumento comparativo: si se han impulsado cambios en la señalización viaria por otros motivos de igualdad, no entiende que esta leyenda siga en pie.
Su reclamación se resume en tres puntos:
- Retirada de la leyenda «excepto minusválidos» de las señales verticales que acompañan a las plazas reservadas.
- Una norma estatal de obligado cumplimiento, y no un cambio voluntario municipio a municipio.
- Sustitución por una terminología respetuosa y acorde con el marco legal vigente.
Asimismo, el promotor reconoce que algunos ayuntamientos ya han asumido el compromiso de renovar esta señalización y que otros lo hicieron hace tiempo. Su tesis es que ese avance desigual resulta insuficiente: «Es necesaria una norma a nivel estatal que imponga la obligatoriedad de modificar estas señales en el conjunto del país», señala en su escrito.
Una palabra que la ley española eliminó hace más de una década
El punto de partida legal es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por España en 2007 y en vigor desde 2008, que obligó al Estado a revisar su normativa para adaptarla al enfoque de derechos.
De ahí nació la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a esa Convención, que incorporó un mandato expreso para sustituir los términos «minusválido» y «persona con minusvalía» por «persona con discapacidad» en los textos normativos. Es decir: desde entonces, la palabra que aún puede leerse en la calle no tiene respaldo en la legislación española.
La consolidación llegó con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprobó el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la norma de referencia en la materia. Y el último paso institucional se dio en febrero de 2024, cuando se publicó en el BOE la reforma del artículo 49 de la Constitución, que borró de la Carta Magna el término «disminuidos» y lo reemplazó por «personas con discapacidad».
Con todo, conviene una precisión terminológica: aunque el promotor de la petición propone también «diversidad funcional», la fórmula que la legislación española y el movimiento asociativo han fijado como estándar es «personas con discapacidad», mientras que «movilidad reducida» describe una situación concreta que no siempre coincide con la discapacidad reconocida.
Por qué la señal sigue en la calle
La explicación es en buena medida administrativa. La señal que marca estas plazas es la de prohibición de estacionamiento acompañada de un panel complementario con la excepción correspondiente, y ese texto lo decide y lo instala cada ayuntamiento dentro de sus competencias de ordenación del tráfico urbano.
En cambio, la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad sí cuenta con un marco común: el Real Decreto 1056/2014, que fijó las condiciones básicas de emisión y uso en todo el territorio para garantizar que sea válida en cualquier punto de España. La paradoja que denuncia la petición es precisamente esa: existe una regulación estatal para el documento, pero no para el rótulo que anuncia la plaza.
A pesar de ello, no hace falta una gran inversión para corregirlo. La sustitución afecta habitualmente a la placa complementaria, no a la señal principal ni a la pintura del pavimento, por lo que muchos consistorios han optado por ir renovándola a medida que se deterioran las existentes.
Qué puede pasar ahora
La pregunta está dirigida al Congreso de los Diputados a través de Osoigo, una plataforma en la que las cuestiones ciudadanas que reúnen apoyos suficientes se trasladan a representantes públicos para que respondan. Con 17 apoyos sobre un objetivo de 1.500, la iniciativa se encuentra todavía en una fase inicial.
Si analizamos el precedente normativo, la corrección terminológica lleva más de diez años completada sobre el papel. Lo que reclama Sobrino es que ese cambio termine de bajar del BOE a la acera.
«Solo así estaremos un poco más cerca de lograr una inclusión real y efectiva.»
Puedes consultar la petición original en la plataforma Osoigo.
