El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha denunciado el estancamiento en materia de educación inclusiva en España durante los últimos años. Se trata de una situación que afecta a miles de niños con discapacidad y a sus familias.
Respecto a esta situación, desde el CERMI también han expresado su «profunda decepción ante la falta de avances sustanciales para transformar el sistema educativo y garantizar plenamente el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva».
Estancamiento de la educación inclusiva
El mandato legal sobre educación inclusiva en España estaba concebido para un horizonte temporal de diez años. Es decir, desde 2020 a 2030. Sin embargo, esta plan sobre educación inclusiva ha aparecido en el año 2026, algo que para el CERMI «es sintomático de la falta de impulso político y de la ausencia de una verdadera convicción por parte del Gobierno para avanzar con determinación hacia una transformación del sistema educativo que lo convierta realmente en inclusivo, o al menos en sustancialmente más inclusivo».
La educación inclusiva es un aspecto imprescindible para que los alumnos con discapacidad o con necesidades de apoyo educativo puedan estudiar en igualdad de oportunidades en relación al resto de compañeros.
Además de una demora palpable, también se ha producido una falta de acuerdo entre las administraciones educativas. Desde el CERMI denuncian que «esta situación pone de manifiesto que no existe una base de consenso mínimo entre las administraciones educativas para afrontar una transformación que debería ser una prioridad compartida».
Igualmente, los representantes del CERMI también han puesto el foco en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 y en las posteriores elecciones autonómicas que se llevarán a cabo. Según consideran, la celebración de elecciones no favorece a la adopción de decisiones en materia de educación inclusiva, con la estabilidad, planificación y compromiso sostenido que se requiere entre las diferentes administraciones.
Desde el CERMI piden voluntad política
Desde el CERMI manifiestan que «todo ha sido penoso y desde el sector social de la discapacidad estamos profundamente consternados y decepcionados«. Además, añaden que «seguimos sin un mandato legal cumplido y sin perspectivas claras de que el sistema educativo español progrese, aunque sea mínimamente, hacia la inclusión».
Muchos colectivos, asociaciones y familias llevan años reclamando una educación verdaderamente inclusiva en España. Sin embargo, desde el CERMI entienden que se ha producido un estancamiento en materia de educación inclusiva en los últimos años.
De hecho, exponen que «en todos los demás ámbitos se avanza, con dificultades y con mayor o menor intensidad, pero en el educativo no vemos una voluntad política suficiente de transformación. Mayoritariamente se prefiere mantener el statu quo y la inercia. Es bastante desolador».
Otro aspecto a tener en cuenta es que en 2026 se cumple el veinte aniversario de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la ONU. En concreto, el artículo 24 de dicha Convención recoge el derecho a la educación inclusiva, obligando a los Estados a asegurar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles.
Como conclusión, los representantes del CERMI señalan que «en el año en que se cumplen veinte años de la aprobación por Naciones Unidas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contiene un artículo 24 meridiano respecto del mandato de educación inclusiva, España suspende este capítulo estrepitosamente».