La factura que paga una persona en situación de dependencia por su plaza de residencia, su centro de día o su ayuda a domicilio no depende solo de lo que cobra. Depende de su capacidad económica, un concepto que el Consejo Territorial de Servicios Sociales definió en un acuerdo publicado en el BOE por la Resolución de 13 de julio de 2012 y que desde entonces no se ha modificado: la renta del beneficiario incrementada en un porcentaje de su patrimonio neto que crece con la edad. Ese matiz, el patrimonio, es el que descoloca a la mayoría de las familias cuando reciben la resolución.
La fórmula: renta más un trozo del patrimonio
El acuerdo lo dice sin rodeos. La capacidad económica personal será la correspondiente a su renta «incrementada en un 5 por ciento de su patrimonio neto a partir de los 65 años de edad, en un 3 por ciento de los 35 a los 65 años y en un 1 por ciento a los menores de 35 años». Como la inmensa mayoría de los beneficiarios supera los 65, el porcentaje aplicable es casi siempre el 5 %.
En renta computan los ingresos del trabajo y del capital y cualesquiera otros sustitutivos, es decir, pensiones incluidas. En patrimonio entra el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular. La vivienda habitual tiene un tratamiento propio: solo se computa en atención residencial y siempre que no residan en ella personas a cargo del beneficiario. Es la razón por la que dos pensionistas con la misma pensión pueden acabar pagando cifras muy distintas: uno tiene un piso a su nombre y el otro vive de alquiler.
Los dos topes que protegen al beneficiario
El acuerdo fija dos límites. El primero es el techo: la participación del beneficiario en el coste del servicio se aplica de forma progresiva «hasta alcanzar el 90% del coste de referencia del servicio». Nunca puede pagarlo todo. El segundo es el suelo: en atención residencial se garantiza una cantidad de referencia para gastos personales «que será del 19 % del IPREM mensual». Con el IPREM de 2026 congelado en 600 euros al mes, ese mínimo intocable equivale a 114 euros mensuales para gastos propios. Y hay una tercera regla que conviene conocer: cuando la capacidad económica es igual o inferior al IPREM mensual, la prestación económica reconocida se abona al 100 % de la cuantía máxima fijada por el real decreto correspondiente.
Por qué la factura cambia tanto de una comunidad a otra
El acuerdo de 2012 es un marco de mínimos, no un reglamento uniforme. Cada comunidad autónoma aprueba su propia normativa de participación: fija el coste de referencia de cada servicio, decide los tramos de la escala progresiva, establece si computa o no determinados ingresos y regula las deducciones por gastos de vivienda o por cónyuge a cargo. Dos elementos multiplican las diferencias: el coste de referencia que cada administración atribuye a una plaza residencial y la pendiente de la escala. Con la misma pensión y el mismo grado, el resultado puede variar en cientos de euros al mes según el territorio.
A eso se suma que el copago se calcula sobre servicios, no sobre las prestaciones económicas. Quien recibe una prestación económica para cuidados en el entorno familiar no paga copago: cobra menos. Las cuantías máximas de 2026 son de 455,40 euros al mes en grado III, 315,90 euros en grado II y 180 euros en grado I. La vinculada al servicio llega a 747,25 euros en grado III. En paralelo, el nivel mínimo de protección que aporta el Estado subió con devengos desde el 1 de julio de 2026: el grado III pasó de 290 a 660 euros y el grado I de 76 a 90.
Qué se puede hacer si el cálculo no cuadra
La resolución de participación en el coste es un acto administrativo recurrible. Los errores más frecuentes son de datos: patrimonio desactualizado tras una venta o una herencia, cómputo de la vivienda habitual cuando sí residen personas a cargo, o ingresos brutos en lugar de netos. Conviene pedir el desglose del cálculo por escrito y comparar cada partida con la declaración de la renta. Cuando cambia la situación económica —fallecimiento del cónyuge, pérdida de un ingreso— procede solicitar la revisión, porque la capacidad económica no es un dato congelado en el día de la solicitud.
