El Congreso de los Diputados ha dado este miércoles 16 de septiembre su aprobación definitiva a las reformas de la ley de dependencia y de la ley de discapacidad. Estas normas cambian la forma de cuidar en casa a casi 6 millones de personas. A partir de ahora, quien tenga reconocido un grado I de dependencia recibirá de forma automática un 33% de discapacidad, y los vecinos o amigos podrán ser cuidadores. Además, el Estado deberá financiar el 50% de los servicios, según ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
La gran novedad es que esta vez la financiación está asegurada antes de que se pongan en marcha los nuevos derechos. Es decir, las comunidades autónomas no tendrán que cargar solas con el coste, como ha ocurrido hasta ahora.
Una reforma con dinero asegurado
La reforma de la dependencia cuenta con 6.200 millones de euros adicionales hasta 2027. De esa cantidad, las comunidades autónomas ya han recibido 517 millones entre julio y agosto.
A esto se suma una obligación legal: el Estado tendrá que pagar la mitad de los servicios y prestaciones del sistema. Cabe recordar que la ley de dependencia original reconoció muchos derechos, pero no llegó con el dinero necesario para aplicarlos. Por eso, las comunidades han sostenido el sistema casi en solitario durante años.
Las nuevas leyes son el resultado de tres años de trabajo entre el Ministerio de Derechos Sociales, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso y decenas de entidades sociales.
Qué cambia en la ley de dependencia
El objetivo principal de la reforma es que las personas puedan vivir y envejecer en su propia casa. Estas son las principales novedades:
- Cuidadores no familiares. Hasta ahora, esta figura estaba pensada para los familiares. Con la reforma, también podrán ser cuidadores las personas allegadas, como vecinos o amigos. El cambio busca dar respuesta a quienes viven solos o conviven con personas que no son de su familia.
- Teleasistencia para todos. Pasa a ser un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, vivan en la comunidad autónoma que vivan.
- Más de una ayuda a la vez. La ley deja claro que la teleasistencia no puede ser la única prestación. Siempre deberá ir acompañada de otros apoyos.
- Ayuda a domicilio fuera de casa. El servicio ya no se limita a las tareas del hogar y al cuidado personal. La persona cuidadora podrá acompañar al usuario al médico o a hacer la compra, entre otras actividades de su día a día.
Qué cambia en la ley de discapacidad
El cambio más esperado tiene que ver con el reconocimiento del grado de discapacidad, un trámite que suele generar mucha incertidumbre entre las personas afectadas. La nueva ley crea unas «pasarelas» entre los dos sistemas:
- Grado I de dependencia: se reconoce automáticamente un 33% de discapacidad.
- Grado II o III de dependencia: se abre una vía para obtener el 65% de discapacidad.
- Valoración individual: quien lo desee podrá pedir que se estudie su caso de forma personalizada para conseguir un porcentaje superior al que le corresponde de forma automática.
Asimismo, la norma regula el derecho a la autonomía personal, a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad. Para ello, contempla la adaptación y rehabilitación de la vivienda.
La accesibilidad se podrá reclamar en cualquier instancia
Otro de los puntos clave es la accesibilidad universal. Con la nueva ley, se podrá exigir ante cualquier instancia. En la práctica, esto significa que una persona podrá reclamar que un edificio o un servicio público sea accesible si no lo es.
Críticas durante el debate
En su intervención ante el Pleno, Bustinduy repasó los nuevos derechos y no entró a responder las críticas del Partido Popular. Los populares le reprocharon que se hubieran rechazado algunas de las enmiendas aprobadas en el Senado. Con todo, varias de esas enmiendas no eran del PP, sino que se habían pactado con otros grupos, como Junts.
Con la aprobación definitiva, el siguiente paso será la publicación de ambas leyes en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí, el reto estará en que las comunidades autónomas apliquen los nuevos servicios, con el compromiso de que el Estado asuma la mitad de la factura.
