Las veinte plataformas del Movimiento CERMI han aprobado la Declaración de Las Palmas de Gran Canaria, un documento con diez compromisos para que vivir en una comunidad, una isla o un municipio u otro deje de determinar los derechos de las personas con discapacidad. El texto se aprobó el pasado viernes 23 de octubre, en la clausura del XX Congreso de CERMIS Autonómicos, celebrado en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria. Las entidades exigen que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aplique de forma efectiva en todos los territorios.
Es decir, el movimiento asociativo considera que hoy el acceso a servicios, prestaciones y apoyos sigue dependiendo en buena medida del lugar donde vive cada persona, y pide medidas concretas para corregir esas diferencias.
Veinte años de la Convención, también en los territorios
La Declaración lleva por título «20 años de Convención ONU Discapacidad, también en los territorios» y llega dos décadas después de la aprobación de este tratado internacional. Su mensaje central es que los derechos reconocidos sobre el papel deben llegar por igual a todas las comunidades y ciudades autónomas, islas y municipios.
«Ninguna circunstancia geográfica puede justificar una menor promoción y protección de los derechos humanos»
Asimismo, el documento pone el foco en dos colectivos que, según las entidades, sufren con más intensidad estas brechas: las mujeres y niñas con discapacidad y las personas que necesitan apoyos intensos.
Las claves de la Declaración de Las Palmas
Los diez compromisos aprobados buscan convertir los derechos en garantías reales. Entre sus principales reclamaciones figuran:
- Desarrollar el artículo 49 de la Constitución con recursos suficientes, políticas públicas inclusivas y participación del movimiento asociativo.
- Reforzar la cooperación entre administraciones para evitar desigualdades territoriales, con atención especial a la insularidad, la doble insularidad y la ultraperiferia de Canarias.
- Garantizar una justicia accesible.
- Impulsar la vida independiente, la asistencia personal y la desinstitucionalización.
- Lograr una educación verdaderamente inclusiva.
- Eliminar las barreras de accesibilidad universal, también las digitales.
- Proteger a las mujeres y niñas con discapacidad frente a la discriminación y las violencias.
- Promover el empleo digno, la autonomía económica y la atención comunitaria en salud mental.
- Fortalecer el papel de los CERMIS Autonómicos en la vigilancia del cumplimiento de la Convención, la exigencia de responsabilidades públicas y la rendición de cuentas.
«Los derechos de papel no sirven para nada»
En el acto de clausura participaron Carmen Laucirica Gabriel, presidenta del CERMI Canarias; Teresa Palahí Juan, comisionada de CERMIS Autonómicos del CERMI Estatal; Isabel Mena Alonso, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, y Dulce María Gutiérrez González, directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias.
Gutiérrez González ha defendido que administraciones y entidades trabajen juntas para que lo que reconocen las leyes se note en el día a día. «Los derechos de papel no sirven para nada», ha advertido la directora general, que ha pedido una actuación transversal y coordinada, por encima de las diferencias políticas, para garantizar la accesibilidad universal.
Por su parte, Mena Alonso ha situado la transversalidad y la autonomía personal como los dos ejes que deben guiar las políticas públicas, y que, según ha señalado, han marcado los debates del congreso. Palahí, en cambio, ha subrayado la unidad del movimiento asociativo como su gran fortaleza y ha presentado la Declaración como la hoja de ruta para seguir reclamando que la Convención se aplique en cada territorio.
Más derechos cumplidos, no más derechos escritos
La segunda jornada arrancó con una mesa sobre buenas prácticas en Canarias, moderada por María Belén Darias González, vicepresidenta del CERMI Canarias. Las participantes pusieron en valor los avances logrados en empleo, accesibilidad e igualdad de género gracias al diálogo con las instituciones, y pidieron servicios estables y políticas con perspectiva de género.
A continuación, las presidentas de los CERMIS de Andalucía, Madrid, Navarra y Castilla-La Mancha alertaron de que los cambios legislativos no siempre se traducen en mejoras reales. Por eso, reclamaron más participación de las entidades en la elaboración de las normas y herramientas comunes para documentar los incumplimientos.
«Nuestro objetivo no es tener más derechos escritos, sino conseguir que los derechos reconocidos se cumplan»
Así lo ha resumido Marta Castillo Díaz, presidenta del CERMI Andalucía.
Las resistencias que frenan la inclusión
La última mesa, moderada por Mónica Oviedo Sastre, presidenta del CERMI Asturias, abordó los obstáculos que siguen frenando la inclusión. Los ponentes, entre ellos los vicepresidentes del CERMI Estatal Anxo Queiruga Vila y María del Carmen Sacacia, denunciaron la escasa implantación de la asistencia personal, la falta de medios para la educación inclusiva, los incumplimientos en accesibilidad y las barreras que mantienen a muchas personas en instituciones.
Con todo, insistieron en una idea clave: la vida independiente no consiste en renunciar a los apoyos, sino en contar con los necesarios para decidir sobre el propio proyecto de vida. Para ello, pidieron financiación estable, viviendas accesibles y apoyos personalizados.
El congreso se ha cerrado con el anuncio de su próxima sede: la XXI edición se celebrará en Asturias, donde el movimiento asociativo volverá a medir cuánto se ha avanzado en llevar la Convención de la ONU a todos los territorios.