El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de julio, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, permite que el reconocimiento de la discapacidad se produzca de forma automática a través del grado de dependencia, sin necesidad de duplicar trámites. La reforma incluye además la figura del asistente personal, elimina las incompatibilidades entre prestaciones y obliga al Estado a asumir el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Cabe recordar que el dictamen ha salido adelante con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. El Pleno también ha convalidado el real decreto ley que amplía la financiación estatal de la dependencia, con el único voto en contra de Vox.
Qué cambia para las personas con discapacidad y dependencia
La norma busca simplificar el acceso a los derechos reconocidos. Según ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, «votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad».
Entre las claves de la reforma:
- Reconocimiento automático de la discapacidad a través del grado de dependencia, sin trámites duplicados.
- Eliminación de las incompatibilidades entre distintas prestaciones.
- Incorporación de la figura del asistente personal.
- Reconocimiento como cuidadoras de personas cercanas, aunque no sean familiares directos, con derecho a la prestación económica por cuidados.
- Garantía de tutela judicial efectiva para cualquier persona con discapacidad.
- Obligación de que el Estado financie el 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Bustinduy ha calificado la reforma como «la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo» y ha defendido que deja atrás «la mirada asistencialista o paternalista» sobre la discapacidad y la dependencia, así como el modelo de las macrorresidencias. En su intervención, ha sido tajante:
«La tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación»
6.200 millones adicionales para las comunidades autónomas
Además de la reforma legal, el Pleno ha convalidado el real decreto ley que amplía la financiación estatal de la dependencia. Esta norma supone que las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. El real decreto se tramitará ahora como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Qué falta por definir
El texto pasa ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que buscará introducir enmiendas centradas en la sostenibilidad financiera del sistema. Será en esa segunda vuelta parlamentaria donde se decida si la reforma llega a su redacción definitiva o incorpora cambios adicionales antes de su aprobación final.
