El Gobierno de España aprobó en el mes de julio de 2026 un aumento extraordinario de la financiación para el Sistema de la Dependencia, con más de 6.200 millones de euros. Ahora, familias de personas con discapacidad intelectual exigen a los gobiernos autonómicos que esta financiación se refleje en una mejora de los servicios para sus hijos.
Con la aprobación de esta medida y con la reforma de la Ley de Dependencia, las Comunidades Autónomas aumentarán de manera considerable las aportaciones estatales que reciben para destinar a las personas que se encuentran en situación de dependencia.
Aumento de la financiación para las personas en situación de dependencia
El director de Plena Inclusión España, Enrique Galván, defiende que este aumento de la financiación para el sistema de la dependencia «debe revertir en una mejora de las prestaciones que recibe cada persona con discapacidad y, en lo concreto, debería notarse en una mejora de los servicios y apoyos a los que accede».
Hay que recordar que la gestión de la dependencia es responsabilidad de cada gobierno autonómico. En este sentido, desde Plena Inclusión temen que algunas CCAA traten de ahorrar recursos en relación a las prestaciones por dependencia. Al respecto, indican que «nos tememos que el resultado final no sea reforzar los apoyos que se reciben en la actualidad sino congelar derechos».
En relación a todos estos cambios aprobados por el Gobierno de España, los representantes de Plena Inclusión España piden que «los apoyos y la dignificación de los profesionales se vea reforzada con esta nueva inyección económica».
Desde el Gobierno de España, a través de la figura del presidente Pedro Sánchez, justificaron el aumento de la financiación del sistema de la dependencia para mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector. Ahora es necesario que los gobiernos autonómicos también cumplan con su parte.
«Es el momento de apostar por la sostenibilidad del sector y mejorar la financiación de los centros y la dignificación de las profesionales que dan apoyo a miles de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En caso contrario, se estaría perjudicando la calidad de los apoyos que reciben estas personas». argumentan desde Plena Inclusión España.
Transparencia sobre la financiación de la dependencia
Desde Plena Inclusión España también solicitan transparencia sobre las cantidades de esta financiación que se van a destinar a la discapacidad y los importes que se aplicarán para personas mayores.
Del mismo modo, exigen transparencia y claridad para conocer qué coberturas serán ampliadas y qué medidas se llevarán a cabo en cada Comunidad Autónoma para reducir las lista de espera.
Por otro lado, desde Plena Inclusión también ponen el foco en el copago actual de la dependencia. Al respecto denuncian que «en términos generales el copago resulta abusivo, opaco y un acelerador de la pobreza. Muchas personas, cuando se aplica este mecanismo de recaudación, caen bajo el umbral de la pobreza relativa a una situación de vulnerabilidad extrema que se da cuando su renta se sitúa por debajo de 12.000 euros disponibles».
