El 2 de enero de 2027 entrará en vigor el nuevo Real Decreto que desarrolla el Reglamento de la Ley 6/2022 de Accesibilidad Cognitiva en España. Este Real Decreto fue publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el jueves 3 de septiembre de 2026, recogiendo una nueva profesión en la Justicia enfocada en el apoyo hacia las personas con discapacidad.
A través de esta nueva normativa, el Gobierno de España ha regulado una nueva profesión en el ámbito de la Justicia. Se trata del facilitador procesal para personas con discapacidad, una figura reclamada por parte del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
Facilitador procesal para personas con discapacidad
La figura del facilitador procesal para personas con discapacidad no es un abogado, sino que funciona como un puente de comunicación entre la Justicia y las personas con dificultades de comprensión.
En este sentido, la misión principal que debe cumplir el facilitador procesal es traducir resoluciones a lectura fácil y asegurarse de que la persona con discapacidad comprende todas las preguntas que hace el Juez.
Hablamos de una figura que sirve de apoyo a las personas con discapacidad durante todo un proceso judicial. Actúa como puente de comunicación con los operadores jurídicos que intervienen en el proceso, como abogados, fiscales, jueces, testigos o policías.
De este modo, se busca que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades en un proceso judicial, garantizando que comprenden todo lo que ocurre durante el proceso.
Un procedimiento judicial es algo de gran importancia para cualquier persona. Por tanto, las personas con discapacidad también tienen derecho a comprender y entender todo lo que sucede en el mismo. Ahí es donde entra en juego la figura del facilitador procesal.
Funciones del facilitador procesal
Tal y como hemos comentado anteriormente, el facilitador procesal no es ni un abogado ni un procurador, debido a que no defiende los intereses de la persona con discapacidad durante un procedimiento judicial.
Sin embargo, el facilitador procesal para personas con discapacidad tiene la obligación de cumplir con las siguientes funciones:
- Conocer las capacidades cognitivas, comunicativas y emocionales de la persona con discapacidad en cuestión. Así podrá determinar las adaptaciones o ajustes que necesita durante el procedimiento.
- Deberá informar al Juez y a las partes sobre cómo formular las preguntas, respetar los tiempos y evitar tecnicismos confusos.
- Tendrá que traducir las resoluciones, notificaciones y trámites a lectura fácil para que la persona con discapacidad comprenda qué ocurre.
- Deberá estar presente en las declaraciones, actos y vistas procesales para garantizar que la persona con discapacidad comprende todo lo que sucede y que sus respuestas son interpretadas correctamente por el Tribunal.
La figura del facilitador procesal supone un refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito judicial. Se trata de una norma reclamada por parte del CERMI e impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
