La reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Congreso el 14 de julio fija en tres meses el plazo máximo para resolver un expediente, desde la solicitud de valoración hasta la concesión del servicio o la prestación. La media real en España es hoy de 341 días, según el último informe del Observatorio de la Dependencia, y el texto llega con 6.200 millones de euros nuevos aportados por la Administración Central. Falta el paso por el Senado y la publicación en el BOE.
Cabe recordar que el plazo legal vigente es de seis meses. La brecha territorial es enorme: en Canarias el trámite puede alargarse casi tres años, mientras que en Castilla y León se cierra en unos tres meses.
Los dos trámites que alargan la espera
El procedimiento tiene dos hitos. Primero, el reconocimiento del grado (I, dependencia moderada; II, severa; III, gran dependencia). Después, el PIA, que concreta qué recibe la persona: ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día, plaza residencial, asistencia personal o una prestación económica. Es decir, tener el grado reconocido no significa cobrar nada todavía. El nuevo plazo de tres meses cubre el procedimiento completo, aunque la comunidad los tramite por separado.
Los expertos dudan del cumplimiento
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, no da por hecha la cuenta atrás. En declaraciones recogidas por Uppers, señala que su organización tiene una reunión el 16 de septiembre porque la redacción no les resulta clara: «Ojalá sea así, pero no lo vemos claro». Las comunidades recibirán el doble de lo que percibían por el nivel mínimo, con 255.000 personas en lista de espera.
«De su pericia o de su desidia en la gestión dependerá que hagan lo mismo con el doble de dinero»
Cómo reclamar si no llega
Si el plazo se publica finalmente, su incumplimiento podrá reclamarse en vía administrativa y después judicial. Ramírez advierte de que los tribunales son lentos, aunque recuerda que en la Comunidad Valenciana ya hay sentencias que reconocen la prestación con carácter retroactivo. Aquí puedes consultar los beneficios de la prestación por cuidados en el entorno familiar.
Prestaciones y salarios: decide cada comunidad
La paga del cuidador, que cobran más de 750.000 personas, no subirá por decreto: «son las CCAA quienes determinan qué cantidades se destinan a prestaciones y qué cantidades a servicios», explica. En su opinión, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Navarra deberían elevar importes, mientras Canarias, Murcia o Cataluña, con un 20% de solicitudes atascadas, tendrían que reducir listas. En residencias, pasar de 1.800 a 2.000 euros por plaza permitiría equiparar el convenio al sanitario.
Su principal temor es que el dinero se quede por el camino, como denuncia que ocurrió con el plan de choque de 2022.
«El dinero tiene que llegar a las personas dependientes y a sus familias»
