El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé la creación de 23.577 puestos de trabajo en Andalucía en el sector de los cuidados, después de que el Congreso de los Diputados aprobara este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy. La reforma incluye una inyección extraordinaria de 954 millones de euros adicionales para esta comunidad autónoma entre 2026 y 2027, repartidos en 317,9 millones el primer año y 635,9 millones el segundo.
El ministerio estima que este refuerzo permitirá además a Andalucía incorporar a 102.333 nuevas personas beneficiarias y recortar su lista de espera en 15.461 personas. Por territorios, Andalucía encabeza la recepción de fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia, con los 954 millones de euros adicionales mencionados.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha remarcado que «el Gobierno de España ha decidido emprender la reforma del sistema de dependencia para dar a la sociedad la respuesta definitiva que demanda, blindando el derecho a una atención de calidad para una población cada vez más envejecida y fortaleciendo el Estado de Bienestar para años venideros».
Los fondos, transferidos a la Junta de Andalucía
Según ha explicado Fernández, estos 954 millones son transferidos a la Junta de Andalucía para que los gestione. El objetivo es doble:
«Estos 954 millones son transferidos a la Junta de Andalucía para que los gestione adecuadamente, agilizando, por un lado, toda la tramitación para que quienes están en lista de espera reciban ya su asistencia y para que, por otro, puedan acceder a la dependencia otras personas que necesitan una residencia, ayuda domiciliaria o cualquier otra ayuda»
Cabe recordar que este martes la Cámara Baja aprobó el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. La norma incorpora, entre otras mejoras, más servicios, más prestaciones y menos burocracia, y blinda la financiación del sistema al fijar que la Administración General del Estado (AGE) deberá aportar el 50% de la inversión.
Un refuerzo adicional aprobado en junio
Asimismo, ese mismo martes el Congreso dio luz verde al Real Decreto-ley que el Gobierno había aprobado a finales de junio para ampliar la aportación que la AGE hace a las comunidades autónomas en la financiación del nivel mínimo de la dependencia. Se trata de las cuantías que se transfieren cada mes a los gobiernos autonómicos en función del número de personas con una prestación de dependencia reconocida y su grado.
Con todo, el Ejecutivo confía en que la combinación de ambas medidas —la reforma legal y el refuerzo de la financiación— permita reducir de forma sostenida las listas de espera autonómicas en los próximos dos años, a la vez que se generan miles de empleos vinculados al sector de los cuidados.
