La Administración General del Estado transferirá a las comunidades autónomas hasta 660 euros al mes por cada persona con grado III de dependencia, frente a los 290 euros actuales, según la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio. El texto también eleva la aportación estatal en los grados I y II y fija que el Estado asuma como mínimo el 50 % del coste total del sistema.
Cabe recordar que a ese refuerzo se suma la convalidación del Real Decreto-ley 17/2026, que contempla una inversión adicional de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027. Es decir, la reforma no se queda en un cambio de reglas: viene acompañada de dinero nuevo para sostenerla.
Cuánto aportará el Estado por cada persona beneficiaria
El grueso del cambio se concentra en los grados más altos, que son los que exigen una atención más intensa y, por tanto, más cara para las autonomías. Estas son las nuevas cuantías mensuales por persona con derecho reconocido:
- Grado I (dependencia moderada): de 76 a 90 euros al mes.
- Grado II (dependencia severa): de 130 a 260 euros al mes, el doble que hasta ahora.
- Grado III (gran dependencia): de 290 a 660 euros al mes.
Conviene aclarar qué significan estas cifras: no son ayudas que la persona dependiente vaya a cobrar en su cuenta, sino la financiación que el Estado entrega a cada comunidad autónoma por cada beneficiario para pagar servicios, plazas y profesionales.
Del 27 % a la mitad del gasto: el blindaje del SAAD
Otro de los pilares de la norma es el blindaje financiero del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Hasta ahora, la Administración central cubría de media en torno al 27 % del coste, mientras el resto recaía sobre las comunidades autónomas y sobre los propios usuarios.
Con la reforma, el Estado deberá asumir al menos el 50 % del gasto total del sistema. El Gobierno confía en que ese dinero adicional permita a las autonomías contratar más profesionales, ampliar la cartera de servicios y seguir rebajando unas listas de espera que todavía afectan a miles de personas en España.
La resolución, a la mitad de tiempo: tres meses en lugar de seis
Uno de los reproches históricos al sistema es la lentitud. La nueva ley recorta el plazo máximo para resolver una solicitud de dependencia de seis a tres meses, con el objetivo de que quien pide una valoración acceda antes a las prestaciones que le corresponden.
El grado de dependencia dará acceso automático al certificado de discapacidad
El texto modifica también la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para ahorrar trámites duplicados. Quien tenga reconocido un grado I obtendrá automáticamente un 33 % de discapacidad, y en los grados II y III podrá reconocerse directamente un 65 %, sin necesidad de abrir un procedimiento administrativo nuevo.
La accesibilidad universal pasa además a configurarse como un derecho exigible: permitirá reclamar la retirada de barreras en edificios y servicios públicos y facilitará el acceso a ayudas para instalar rampas o ascensores. Las administraciones quedan obligadas a ofrecer apoyo económico para esas obras y las comunidades de propietarios deberán pedir dichas ayudas cuando lo solicite algún vecino.
