El miércoles 16 de septiembre se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 defienden que la reforma supone «una refundación del sistema de cuidados con más servicios, más prestaciones y menos burocracia a los usuarios».
Junto con la aprobación definitiva de la reforma, el Congreso también convalidó el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal del sistema de la dependencia. Según informan desde el Ejecutivo Central, las CCAA van a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Nuevo plazo para la resolución de la dependencia
La gestión de la dependencia está cedida a las Comunidades Autónomas en España. Un problema común en la gran mayoría de territorios es la existencia de listas de espera para la valoración o revisión del grado de dependencia.
Precisamente, uno de los objetivos de esta reforma se centra en reducir las listas de espera de la dependencia en las Comunidades Autónomas. De hecho, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha afirmado que «las listas de espera deben desaparecer para 2028».
Hasta el momento el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia en España era de seis meses. Sin embargo, la mayoría de gobiernos autonómicos no cumplen con este plazo legal, llegando a casos de resolución incluso por encima de los doce meses.
Teniendo en cuenta esta situación, la reforma de la Ley de Dependencia incluye una reducción del plazo máximo para resolver la situación de dependencia de seis a tres meses. Es una medida que tiene como finalidad agilizar los procesos de reconocimiento y revisión del grado de dependencia, así como reducir las listas de espera a corto y medio plazo.
A pesar de la nueva normativa, habrá que esperar a ver si las CCAA autónomas cumplen con el nuevo plazo máximo establecido para ofrecer una resolución en relación a una solicitud de reconocimiento o revisión de la dependencia.
Reducción de los trámites burocráticos
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia tienen como objetivo reforzar los derechos de las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias. Así, también tiene como finalidad mejorar las condiciones laborales del sector de cuidados.
Otra de las misiones de esta reforma social histórica pasa por reducir los trámites burocráticos que, en muchas ocasiones, se vuelven una barrera para las personas con discapacidad y para las familias.
En este sentido, la reforma incorpora el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33% o del 65% en función del grado de dependencia reconocido. A las personas que se le reconozca un grado I de dependencia se le concederá un grado de discapacidad del 33%; mientras que a las personas que se le reconozca un grado II o grado III de dependencia se le concederá un grado de discapacidad del 65%.
Eso sí, la persona en cuestión podrá solicitar un grado de discapacidad superior por los cauces pertinentes en caso de no estar conforme con el grado de discapacidad vinculado por el reconocimiento del grado de dependencia.
