Teresa es una persona mayor de 85 años de edad y tiene reconocido el grado II de dependencia. Debido a la ausencia de ascensor en su edificio, vive atrapada en su propia casa desde hace cuatro años. Ella misma confiesa que «lo que más echo de menos es ver el sol».
Esta ciudadana española vive en una segunda planta de un edificio que no tenía ascensor. Recientemente se ha instalado un elevador en su edificio, aunque aún no se ha podido inaugurar por diferentes trámites burocráticos. Mientras tanto, Teresa sigue encerrada en su propia vivienda sin poder salir a la calle.
En situación de dependencia y atrapada en su propia casa
La situación de Teresa es especialmente compleja, ya que se trata de una persona con un grado II de dependencia reconocido. Su hija Maite, con 54 años, se encarga diariamente de atender a su madre en las actividades básicas del día a día, como vestirse, levantarse o asearse.
Teresa utiliza una pequeña silla de ruedas o un andador para desplazarse por su propia casa. En una entrevista para los compañeros de ‘Europa Press’, Teresa afirma que «mi hija me asiste en todo, porque yo no tengo autonomía ninguna». Para Maite, lo primero es que su madre esté bien atendida. Sobre esta situación, asegura que «luego va todo lo demás. Nos organizamos día a día, poco a poco, como podemos».
En el año 2024 comenzaron las obras para instalar un ascensor en su edificio, las cuales finalizaron en torno al mes de mayo de 2025. Sin embargo, el ascensor todavía no está en funcionamiento a causa de ciertos problemas burocráticos.
Según cuenta Maite, la última vez que su madre bajó a la calle por su propio pie fue el 28 de julio de 2025, sin contar las visitas médicas. En este sentido, confiesa que «vive en un confinamiento obligatorio».
Esta situación cada vez sea hace más difícil para Teresa y para su familia. Debido a la ausencia de ascensor y la falta de accesibilidad, esta ciudadana ha llegado a perder muchas citas médicas.
Al respecto, Maite denuncia que «sentimos mucha frustración y mucha impotencia también a la vez porque te das cuenta de que lo tienes ahí y por problemas burocráticos, de papeles que siempre faltan, pues no llega nunca, te sientes impotente».
Este hecho también afecta de forma considerable a Juan Manuel, marido de teresa. Finalmente, Maite concluye que «puedes coger una depresión por menos de nada porque te das cuenta de que les importamos un pimiento. Estar encerrada por obligación es muy triste».
El CERMI califica la situación de «crimen social»
Según los datos que maneja el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), unas 100.000 personas viven en una situación similar a la de Teresa por falta de accesibilidad. Así, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, califica esta situación como «crimen social».
Actualmente, la Ley establece que la accesibilidad es una obligación en los inmuebles. Sin embargo, si las obras de accesibilidad superan las 12 mensualidades de gastos comunes de la comunidad, es necesario el voto de la mayoría de propietarios para que puedan ejecutarse. Respecto a esta normal, el presidente del CERMI matiza que «solo es obligatorio si no supera ese umbral, las doce mensualidades. Esto es profundamente incoherente e injusto».
Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que se votará el martes 14 de julio de 2026 en el Pleno del Congreso, incorpora una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. En concreto, se busca blindar «la accesibilidad y ofrecer recursos económicos por ley a las comunidades de propietarios que tengan que poner un ascensor o una rampa».
