Una trabajadora de la limpieza con un grado de discapacidad del 60% ha conseguido el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta. Lo ha logrado después de años de negativas, tanto por parte de la Seguridad Social como de los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia que le daba la razón. En su resolución, los magistrados dejan una frase que resume a la perfección este caso: «la capacidad laboral se mide hoy y no en el pasado».
El caso de esta limpiadora: varias patologías y una caída
Esta trabajadora ya convivía con numerosos problemas de salud antes de solicitar la pensión. Sufre artrosis cervical, una sordera en un oído y una pérdida auditiva severa en el otro, una hernia discal, secuelas de una fractura vertebral y dolores en la zona lumbar y en el hombro.
Sin embargo, su situación empeoró el 26 de junio de 2024. Ese día sufrió una caída en la vía pública y comenzó una baja médica por incapacidad temporal. A partir de ese momento, a sus dolencias físicas se sumaron un trastorno de estrés postraumático crónico y un trastorno depresivo con predominio de la ansiedad.
Además, desde entonces necesita la ayuda de muletas para poder caminar.
Tres negativas antes de lograr la pensión
A pesar de este cuadro médico, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la incapacidad permanente el 31 de marzo de 2025.
No era la primera vez que esta limpiadora se encontraba con un ‘no’. En 2018 un juzgado ya le había rechazado la incapacidad y, después, acumuló otras dos denegaciones por la vía administrativa.
Hay que recordar que tener reconocido un grado de discapacidad no es lo mismo que una incapacidad permanente. La primera la valoran los servicios sociales de cada comunidad autónoma, mientras que la segunda depende del INSS y se centra en la capacidad para trabajar.
El TSJ del País Vasco confirma la incapacidad absoluta
Frente a la última negativa, la trabajadora acudió de nuevo a los tribunales. Así, el 11 de marzo de 2026 un Juzgado de lo Social le reconoció una incapacidad permanente absoluta. La Seguridad Social recurrió el fallo, pero el TSJPV lo ha confirmado en una sentencia dictada el 16 de julio de 2026.
En este sentido, el tribunal explica que las denegaciones anteriores no impiden valorar su situación actual. Lo que importa es el estado de salud que presenta ahora, que ha empeorado notablemente tras la caída.
Los magistrados han tenido en cuenta el conjunto de sus patologías, tanto físicas como psicológicas. Al respecto, concluyen que le impiden desempeñar cualquier profesión con un mínimo de continuidad.
La incapacidad permanente absoluta da derecho a una pensión del 100% de la base reguladora. La cuantía exacta que cobrará esta trabajadora no ha trascendido.
