Marta tiene 54 años y vive en la provincia de Toledo. Durante los últimos años ha sido la cuidadora principal de su madre, diagnosticada de Alzheimer. Solicitó el reconocimiento de la situación de dependencia en 2023 y la resolución no llegó a tiempo.
«Presenté todos los papeles y me dijeron que esperara. Y mientras tanto la cuidaba yo sola, de día y de noche», explica.
Una espera mucho más larga de lo previsto
En su caso, el grado III se reconoció cuando su madre ya se encontraba en una fase muy avanzada de la enfermedad. Para entonces, la ayuda apenas pudo aplicarse.
«No pedía dinero. Pedía apoyo para poder cuidarla mejor. Y ese apoyo llegó tarde», lamenta.
Su historia no es única. Miles de familias en España denuncian esperas largas para que se resuelvan sus expedientes de dependencia, un problema que se conoce como «el limbo de la dependencia».
Qué pueden hacer los herederos
La muerte de la persona solicitante no cierra siempre el expediente. Los herederos pueden pedir que se resuelva y reclamar las prestaciones que no se llegaron a abonar. Por eso conviene guardar toda la documentación: la solicitud, las resoluciones y los gastos adelantados.
«Cuento mi historia para que otras familias no se rindan y guarden cada papel», resume Marta.
Qué dice la ley
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE-A-2006-21990), reconoce el derecho subjetivo a la atención y fija en seis meses el plazo máximo para resolver el procedimiento desde la solicitud, según establece su disposición final primera. Además, en 2026 el Gobierno anunció una inversión extraordinaria para reforzar el sistema, según informó el propio IMSERSO, con el objetivo de reducir las listas de espera. Cuando la Administración incumple ese plazo, las familias pueden reclamarlo por la vía administrativa y, si es necesario, judicial.
