El Gobierno de España ya ha enviado al Consejo Económico y Social el texto de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad. Así lo ha comunicado la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.
En este sentido, Rosa Martínez asegura que la voluntad del Ministerio de Derechos Sociales es que el texto se remita a las Cortes Generales para comenzar su tramitación parlamentaria en el mes de septiembre, con el inicio de los próximos periodos de sesiones.
España necesita reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad
Rosa Martínez asegura que reforzar la financiación del sistema de protección a la autonomía y la atención a la dependencia es «indiscutible». Además, señala que «existe un déficit de financiación respecto a países del entorno».
Por otra parte, la secretaria de Estado de Derechos Sociales advierte que en 2030 habrá 400.000 personas más en el sistema de la atención a la dependencia. Es decir, se producirá un aumento importante en sólo 5 años.
En este contexto, Martínez manifiesta que es necesario realizar un cambio en el marco normativo actual para atender a la demanda de la ciudadanía en los próximos años. Miles de personas se encontrarán en situación de dependencia.
Respecto a esta situación, las estimaciones también establecen que en 2030 se necesitarán 263.000 profesionales adicionales para dar garantías en el sistema de atención a la dependencia. Sobre este asunto comenta que «como se pueden imaginar, la magnitud del reto asusta».
Por todo ello, desde el Gobierno esperan que la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad se inicie, como muy tarde, en el mes de septiembre de 2025.
Formación Profesional para trabajar en el sistema de atención a la dependencia
Tal y como hemos comentado previamente, uno de los grandes desafíos del Gobierno de España es conseguir nuevos profesionales para trabajar en el sistema de atención a la dependencia, ya que se espera un aumento de los usuarios que precisen de este servicio.
Así, el Gobierno también se encuentra trabajando con Formación Profesional para realizar una posible modificación del Real Decreto que regula la certificación profesional para ‘flexibilizar’ la formación de personas que deseen trabajar en el sistema de atención a la dependencia.
Igualmente, también se buscan fórmulas con las comunidades autónomas para que estas personas puedan incorporarse al trabajo sin haber terminado la formación correspondiente. Eso sí, siempre a través de fórmulas que permitan a dichas personas completar la formación de forma paralela.
De este modo, Rosa Martínez declara que «esto es una cuestión demandada tanto por comunidades autónomas como por proveedores y creemos que la modificación del Real Decreto que regula la certificación profesional nos puede dar una salida, es una cuestión sobre la que ya estamos trabajando y esperamos que el año que viene esté ya en marcha».
Por otro lado, el Ejecutivo Central también está desarrollando un macroestudio en relación a las condiciones laborales y la situación de los trabajadores del sistema de atención a la dependencia. La inmensa mayoría de trabajadores de este sector son mujeres.
Como conclusión, la secretaria de Estado de Derechos Sociales concluye que «a partir de estos datos, de estas evidencias, entraremos ya en trabajo con diversos ministerios para tomar medidas que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales en sus puestos de trabajo».
