La Agencia Tributaria permite dejar sin tributar 1.150 euros anuales por cada padre, madre o abuelo que conviva con el contribuyente, cifra que sube a 2.550 euros cuando ese familiar es mayor de 75 años. Es el mínimo por ascendientes, regulado en los artículos 59 y 61 de la Ley 35/2006 del IRPF y detallado en el Manual práctico de Renta 2025 de la AEAT. El tope que decide casi todo: el mayor no puede haber obtenido rentas superiores a 8.000 euros en el ejercicio.
Conviene despejar el malentendido de partida. No hablamos de una subvención ni de un cheque: nadie va a ingresar 2.550 euros en la cuenta. Lo que hace el sistema fiscal es reconocer que esa parte de los ingresos se destina a cubrir necesidades básicas y, por tanto, la deja al margen del impuesto. De ahí que el ahorro real no sea idéntico para todos: cuanto más alto es el tipo al que tributa el contribuyente, más euros se ahorra por el mismo concepto.
Los cuatro requisitos que hay que cumplir a la vez
La AEAT los enumera de forma acumulativa: fallar en uno tumba el derecho completo.
- Edad o discapacidad. El ascendiente debe ser mayor de 65 años a la fecha de devengo del impuesto, normalmente el 31 de diciembre, o bien acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%, cualquiera que sea su edad.
- Convivencia. Debe haber vivido con el contribuyente al menos la mitad del período impositivo.
- Límite de rentas. No puede haber obtenido rentas anuales superiores a 8.000 euros, excluidas las exentas.
- Sin declaración con rentas altas. El ascendiente no puede presentar declaración del IRPF con rentas superiores a 1.800 euros.
Ese primer punto corrige un error muy extendido: la edad no es imprescindible. Un padre de 58 años con un 40% de discapacidad reconocido genera igualmente derecho al mínimo de 1.150 euros.
El tercero, en cambio, es el que expulsa a más familias. Una pensión de alrededor de 570 euros al mes en catorce pagas ya se aproxima al techo de los 8.000 euros, de modo que en la práctica el beneficio queda casi reservado a pensiones mínimas y no contributivas.
Y un aviso que sorprende cada campaña: solo cuentan los padres, abuelos o bisabuelos unidos al contribuyente por línea recta de consanguinidad o adopción, y quedan fuera tanto los parientes en línea colateral —tíos o tíos abuelos— como los unidos por afinidad, es decir, los suegros. Aunque lleven años en la vivienda y sea el contribuyente quien los mantiene.
Tres hermanos no suman 2.550 euros cada uno
El segundo malentendido clásico es aritmético. Cuando dos o más contribuyentes tienen derecho respecto del mismo ascendiente, el importe se prorratea entre ellos por partes iguales. Es el mismo importe dividido, no uno por cabeza: tres hermanos con derecho sobre un padre de 78 años se quedan con 850 euros cada uno.
Aquí hay un matiz que la AEAT precisa y que suele contarse mal. La exigencia de convivir medio año impide aplicar el mínimo cuando el mayor rota por períodos de tres o cuatro meses con cada hijo; el prorrateo solo procede si convive seis meses de forma sucesiva con cada uno o si convive todo el año con varios descendientes de forma simultánea. Es decir: dos hermanos a seis meses exactos sí pueden repartirlo; cuatro hermanos a tres meses, no.
Si quien pretende aplicarlo es un nieto, entra en juego otra regla. Con distinto grado de parentesco, el mínimo corresponde a los parientes de grado más cercano, salvo que estos no tengan rentas anuales superiores a 8.000 euros, en cuyo caso pasa al siguiente grado. El nieto, por tanto, solo entra si los hijos quedan fuera de juego.
Si hay discapacidad, las cantidades se acumulan
Otra confusión frecuente: el mínimo por discapacidad no sustituye al de ascendientes, se suma a él. Son casillas distintas que se apilan, según el artículo 60 de la Ley del IRPF y el manual de la AEAT sobre el mínimo por discapacidad:
- 3.000 euros anuales con un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%.
- 9.000 euros cuando el grado acreditado alcanza o supera el 65%.
- 3.000 euros adicionales en concepto de gastos de asistencia, por cada ascendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas, movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Con números sobre la mesa se entiende mejor. Un abuelo de 76 años con un 70% de discapacidad que vive con su hija: 2.550 euros por edad, 9.000 por discapacidad y 3.000 por asistencia. En total, 14.550 euros que quedan fuera de la base sobre la que se calcula el impuesto. Ya no es un ajuste contable menor, sino miles de euros de diferencia en el resultado de la declaración.
Asimismo, hay un matiz que alivia a muchas familias con un mayor en residencia: a efectos del requisito de convivencia, la AEAT considera que conviven con el contribuyente los ascendientes con discapacidad que, dependiendo de él, son internados en centros especializados. Ingresar a un padre en un centro no elimina por sí solo el derecho, aunque en la práctica ha habido litigios: hay resoluciones de tribunales económico-administrativos que han tenido que reconocer ese derecho después de que la Administración lo denegara.
Qué ocurre si el mayor fallece durante el año
Es el punto donde más se mezclan dos situaciones distintas. Si quien fallece es el ascendiente, la cuantía aplicable es de 1.150 euros, sin excepciones y aunque tuviera 80 años; además, solo se genera el derecho si hubo convivencia durante al menos la mitad del tiempo transcurrido entre el inicio del período impositivo y la fecha del fallecimiento.
Por el contrario, cuando el fallecido es el contribuyente, la cuantía de su mínimo personal se aplica en su integridad, sin prorrateo alguno en función del número de días del período impositivo.
Lo que de verdad hay que revisar antes de dar el «confirmar»
Aquí está el problema real, y casi nunca es la ley: es el borrador. Hacienda no sabe con quién vive cada contribuyente. Si el ascendiente no figura en el apartado de datos personales y familiares, el programa no aplica nada y la declaración se firma más cara sin que nadie lo advierta.
El mínimo no se pierde por incumplir la norma, sino por aceptar de un clic un borrador al que le falta un dato que solo el contribuyente puede aportar.
La buena noticia es que el error se corrige: existe la posibilidad de solicitar la rectificación de la autoliquidación y recuperar lo pagado en exceso dentro del plazo general de prescripción de cuatro años.
Cabe recordar, además, que el mínimo personal y familiar tiene una parte autonómica y que algunas comunidades han aprobado importes propios. La Comunidad de Madrid es el caso más claro: para el cálculo del gravamen autonómico aplica 1.234,26 euros por cada ascendiente mayor de 65 años y 1.502,58 euros adicionales por cada ascendiente mayor de 75 —hasta 2.736,84 euros—, además de 3.219,81 euros o 9.659,44 euros por discapacidad según el grado. Con todo, el trámite se sostiene sobre dos documentos que conviene tener guardados por si llega una comprobación: el certificado de empadronamiento que acredite la convivencia y el justificante de ingresos del mayor. Con ellos, es cuestión de minutos; sin ellos, el riesgo es dejar escapar 2.550 euros por no marcar una casilla.
