El 23 de octubre de 2025, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) conmemora el 18º aniversario de la Ley 27/2007. Sin embargo, denuncian que 18 años después siguen existiendo desigualdades en el acceso a la lengua de signos en España.
En concreto, la Ley 27/2007 fue una norma pionera en nuestro país, ya que reconoció por primera vez en la historia la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Desde la CNSE explican que «se reconoció el derecho de las personas sordas a comunicarse sin barreras y participar en igualdad de condiciones».
18 años de lengua de signos en España
Desde la Confederación Estatal de Personas Sordas han querido recordar esta efeméride tan relevante para el colectivo de personas sordas y personas con discapacidad auditiva en España. No obstante, también han aprovechado esta fecha tan señalada para reivindicar ciertas mejoras que aún siguen sin materializarse.
El presidente de la CNSE, Roberto Suárez, destaca que «el 23 de octubre de 2007 cambió para siempre la historia de nuestra comunidad. Ese día, el Estado reconoció que la lengua de signos forma parte del patrimonio común y que, comunicarnos en nuestra lengua, es un derecho fundamental».
Desde la entrada en vigor de la mencionada legislación, se han producido algunos cambios y avances para asegurar el cumplimiento de la misma. A pesar de ello, desde la CNSE consideran que «la aplicación plena y homogénea de la Ley 27/2007 sigue siendo un desafío».
Esto es algo que ocurre con numerosas leyes en España. Aunque el texto legal establece algo con claridad, en la práctica no termina de hacerse efectivo. Desde la CNSE denuncian que siguen existiendo desigualdades en España en el acceso a la lengua de signos.
Sobre esta situación, Suárez asegura que «hay personas sordas que, dependiendo del lugar donde vivan, no tienen garantizado su derecho a comunicarse en lengua de signos. Esa desigualdad es inaceptable y debe ser corregida».
Es decir, existe desigualdad en el acceso a la lengua de signos en función de cada territorio. Además, también hay que tener en cuenta la inestabilidad de la financiación para este tipo de asuntos.
Obstáculos para la aplicación de la legislación
La aprobación de la Ley 27/2007 supuso un antes y un después para el colectivo de personas sordas en España. No obstante, en la práctica, la legislación no se aplicado de manera efectiva.
Al respecto, desde la Confederación Estatal de Personas Sordas advierten que «otro de los retos fundamentales es la escasez de intérpretes, tanto por la carencia de profesionales cualificados como por la ausencia de planes formativos oficiales que garanticen su preparación, lo que limita el acceso a la interpretación en ámbitos esenciales».
Además, aún continúan existiendo ciertas carencias en el sistema educativo español. De este modo, los niños sordos y con discapacidad auditiva encuentran obstáculos para acceder a una educación bilingüe de calidad en todas las etapas.
Tal y como ha podido saber Tododisca, representantes de la CNSE, también ponen el foco en la escasa coordinación institucional, que supone otra barrera importante para las personas sordas.
Finalmente, el presidente de la CNSE argumenta que «nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace 18 años: que todas las personas sordas podamos comunicarnos, decidir y vivir en libertad. Y eso requiere voluntad política, recursos estables y un compromiso institucional firme».
