‘Impulsa Igualdad‘, una entidad que trabaja «por la mejora de la calidad de vida de más de dos millones de personas con discapacidad física y orgánica en España», ha elevado una exigencia a la compañía ferroviaria a Renfe en relación a la accesibilidad real del nuevo modelo de gestión de los Planes Alternativos de Transporte -PAT-.
Este servicio, de reciente aprobación, tiene su origen en la creación de una sociedad participada para operar servicios por carretera ante la imposibilidad de llegar a determinados puntos de destino por problemas estructurales. Así, la Asociación pretende fomentar la accesibilidad en este sentido para personas con discapacidad.
Para ello, ‘impulsa Igualdad’ ha exigido a Renfe incorporar de forma obligatoria «una flota suficiente de vehículos accesibles que garantice el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad», con mención especial a la nueva flota de autobuses sustitutivos, en cumplimiento de Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre.
Dificultades para completar trayectos
Desde ‘Impulsa Igualdad‘ «reivindicamos y defendemos sus derechos, y promocionamos la igualdad de oportunidades a través de iniciativas innovadoras y de programas de asistencia personal, accesibilidad universal, turismo inclusivo o empleo», estiman sobre personas con discapacidad.
Por ello, ya han alertado de que, actualmente, «las personas en silla de ruedas están encontrando serias dificultades para completar sus trayectos cuando deben realizar transbordos en autobús» para poder llegar a sus destinos con plenas garantías, como han precisado en un comunicado.
Del mismo modo, la entidad manifiesta que «en numerosos casos, las plazas habilitadas para personas con movilidad reducida en los trenes que sufren este problema aparecen bloqueadas o directamente no disponibles». La sospecha de ‘Impulsa Igualdad’ reside en la falta de vehículos accesibles suficientes en los servicios alternativos.
Por ello, esta situación deriva, directamente, en que «personas con discapacidad no puedan viajar en igualdad de condiciones, quedando excluidas de facto de un servicio público esencial«. Por ello, la compañía recalca que «la accesibilidad no es un añadido ni un coste extra».
Más bien, desde ‘Impulsa Igualdad’ valoran el transporte accesible como «un criterio básico de calidad del servicio público y una obligación vinculada al derecho a la movilidad». Así mismo, subrayan que «la accesibilidad no puede depender de la disponibilidad puntual de un autobús, tiene que estar garantizada en todo el sistema».
Exigencias para un transporte accesible
«No podemos hablar de modernización, eficiencia o ahorro si el resultado es que hay personas que no pueden viajar«, señalan desde ‘Impulsa Igualdad’. Del mismo modo, la entidad manifiesta una serie de «exigencias claras» ante el proceso de licitación del socio que operará el 51% de la nueva sociedad.
En primer lugar, destacan la importancia de cumplir la legislación que regula «las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los modos de transporte, así como la Ley General de Discapacidad«. También se decanta por establecer «criterios obligatorios de accesibilidad en la adjudicación del contrato».
La flota de este modelo de autobuses deberá incluir «un número suficiente de vehículos accesibles para cubrir la demanda real en todo el territorio» y garantizar «la disponibilidad efectiva de plazas para personas en silla de ruedas, sin bloqueos ni limitaciones operativas».
‘Impulsa Igualdad’ incide en que «el transporte es un servicio público esencial y que la falta de accesibilidad en los sistemas alternativos vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades y a la movilidad de las personas con discapacidad«.
Finalmente, la entidad insta a Renfe «a aprovechar este proceso de transformación para liderar un modelo de transporte que no deje a nadie fuera y que esté alineado con los estándares de calidad, innovación y responsabilidad social que exige la sociedad actual», concluyen.
