Realizar un trámite en la web de un ayuntamiento, pedir cita en la sanidad pública o descargar un formulario oficial debería ser sencillo para cualquier persona. Sin embargo, muchas personas con discapacidad todavía se topan con webs difíciles de usar. La normativa española obliga a las administraciones a garantizar la accesibilidad digital y, además, reconoce a la ciudadanía el derecho a reclamar cuando esto no se cumple.
Qué exige la normativa de accesibilidad web
Los sitios web y aplicaciones móviles del sector público deben cumplir con la norma técnica UNE-EN 301549, que se basa en las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en su nivel AA. Esto implica requisitos como que las imágenes tengan texto alternativo, que los contenidos se puedan navegar con el teclado o que exista suficiente contraste de color para las personas con baja visión. La obligación está recogida en el Real Decreto 1112/2018.
Qué es la declaración de accesibilidad
Toda web pública debe incluir una «declaración de accesibilidad», normalmente accesible desde el pie de página. En ella, el organismo informa de su grado de cumplimiento, señala los contenidos que todavía no son accesibles y explica cómo ponerse en contacto para solicitar ayuda o presentar una queja. Es el punto de partida para cualquier persona que encuentre una barrera.
Cómo reclamar si una web no es accesible
Cuando una persona con discapacidad no puede acceder a un contenido o servicio, puede presentar una «comunicación» o una «solicitud de información accesible» a través del mecanismo indicado en la declaración de accesibilidad. Si la respuesta no es satisfactoria, existe la posibilidad de elevar una «queja» ante la unidad responsable de accesibilidad. Este derecho es clave, como recuerdan los expertos que exigen páginas web accesibles para impulsar la inclusión.
Barreras que van más allá de lo técnico
La accesibilidad web no solo afecta a las personas con discapacidad visual o motora. Los textos complejos o los formularios confusos también levantan barreras cognitivas. En este sentido, organizaciones como ILUNION han destacado las principales barreras cognitivas que encuentran las personas con discapacidad en su día a día, muchas de ellas presentes en el entorno digital.
Un derecho que gana peso
El principio de que un servicio público que no es accesible no está cumpliendo plenamente su función se abre paso en distintos ámbitos, como refleja la iniciativa «Si no es accesible, no es Justicia». Según recuerda el Real Decreto 1112/2018, la accesibilidad digital no es un favor ni una mejora opcional, sino una obligación legal cuya vigilancia corresponde a las administraciones y cuyo cumplimiento puede reclamar cualquier ciudadano.
