Comprar un coche con un grado de discapacidad reconocido puede suponer un ahorro de varios miles de euros, pero la ley encadena tres beneficios distintos con tres administraciones distintas y ninguno se concede solo. El más estricto es el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, el llamado impuesto de matriculación: la Ley 38/1992 exige que hayan transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones y que el nuevo no se transmita entre vivos durante los cuatro años siguientes a su matriculación.
Impuesto de matriculación: la exención más vigilada
El artículo 66.1.d) de la Ley 38/1992 declara exentos los «vehículos automóviles matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo», con los dos requisitos temporales citados. El primero de ellos decae en un supuesto: el siniestro total del vehículo anterior, debidamente acreditado.
El punto decisivo está en el apartado 2 del mismo artículo: la exención está condicionada a su previo reconocimiento por la Administración tributaria y exige la certificación de la discapacidad expedida por el organismo competente. Es decir, hay que pedirlo antes de matricular. Quien firma, matricula y después reclama, se queda fuera.
El impuesto de circulación lo decide tu ayuntamiento
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es municipal y su exención está en el artículo 93.1.e) de la ley reguladora de las haciendas locales. Están exentos los vehículos para personas de movilidad reducida del anexo II A del Reglamento General de Vehículos y, asimismo, los matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, tanto si los conduce la persona con discapacidad como si se destinan a su transporte.
La norma pone dos límites claros. El beneficio se aplica mientras se mantengan esas circunstancias y no cabe por más de un vehículo simultáneamente. Y fija el umbral: se considera persona con discapacidad quien tenga esa condición legal en grado igual o superior al 33 %.
Tampoco aquí funciona el automatismo. El apartado 2 obliga a los interesados a instar la concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, aportando el certificado de discapacidad y justificando el destino del vehículo ante el ayuntamiento en los términos de su ordenanza fiscal. Concedida, el consistorio expide un documento que la acredita.
El IVA del 4 %: quién entra y quién no
La Ley 37/1992 aplica el tipo superreducido del 4 % a los vehículos para personas de movilidad reducida y a las sillas de ruedas de uso exclusivo de personas con discapacidad. Y lo extiende a los autotaxis o autoturismos especiales para el transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas y a los «vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con discapacidad en silla de ruedas o con movilidad reducida», con independencia de quién sea el conductor.
De nuevo con condición: la ley exige el previo reconocimiento del derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo. Y define el umbral en el mismo 33 %, acreditado mediante certificación o resolución del Imserso o del órgano competente de la comunidad autónoma.
Los cuatro errores que cuestan el beneficio
- Matricular primero y pedir después. Tanto el impuesto de matriculación como el IVA reducido exigen reconocimiento previo.
- Vender antes de cuatro años. La transmisión entre vivos dentro de ese plazo hace decaer la exención del impuesto de matriculación.
- Dar por hecho el IVTM. Es rogado: sin solicitud al ayuntamiento, el recibo llega igual.
- Pedirlo para dos coches. La exención municipal no cabe por más de un vehículo a la vez.
Cabe recordar que estos beneficios conviven con otros de naturaleza distinta. En el IRPF, Hacienda deja de gravar 3.000 euros al año con un 33 %. Y en la vía urbana, el ahorro se completa con la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que es un trámite independiente de los tres impuestos.
