El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia el 16 de septiembre de 2026. Así, las medidas de esta reforma entrarán en vigor el 23 de octubre de 2026, una vez que ya ha sido publicada en el BOE (Boletín Oficial del Estado).
La reforma recoge mejoras importantes tanto en el ámbito de la discapacidad como en el ámbito de la dependencia. De hecho, desde el Ministerio de Derechos Sociales, afirman que «supone una refundación del sistema de cuidados con más servicios, más prestaciones y menos burocracia a los usuarios».
Medidas de la reforma
Desde Autismo España se han manifestado en relación a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. En concreto, lo ha hecho Damià Martínez-Cardós, abogado de la Asociación, a través de un vídeo publicado en redes sociales.
Entre todas las medidas aprobadas en la reforma, este abogado destaca las tres siguientes:
- La Atención Temprana se establece como derecho subjetivo y se puede reclamar a la Administración.
- Los servicios y edificios públicos deben ser accesibles para todas las personas.
- Creación de la figura del facilitador judicial.
Los representantes de Autismo España valoran positivamente la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en España. Sin embargo, argumentan que «seguimos necesitando que se garantice el acceso efectivo, universal, gratuito y sin demoras a los apoyos de atención temprana para los niños y niñas autistas, con independencia de que tengan o no reconocida una situación de dependencia».
Del mismo modo, desde Autismo España también reivindican una coordinación adecuada entre los sistemas sanitarios, educativos y los servicios sociales; a la vez que ponen el foco en garantizar la continuidad de los apoyos.
Los servicios y edificios públicos deben ser accesibles
Una de las medidas más relevantes que recoge la reforma de la Ley de Discapacidad en España es el establecimiento de la accesibilidad universal como derecho. Respecto a ello, el abogado Damià Martínez-Cardós indica que «todo servicio público y edificio público debe ser accesible para ti. Y si no lo es, también podrás reclamar».
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En concreto, la reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho. Esto significa que todos los servicios públicos y edificios públicos deben ser accesibles para las personas con discapacidad. En caso de que no lo sean, los ciudadanos con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad.
Respecto a esta medida, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, explican que «se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones, etc…».
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia también implica una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal. Así, las administraciones públicas deberán ayudar económicamente para hacer las obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar esas ayudas siempre que sea oportuno.
Finalmente, desde el Gobierno de España aclaran que «se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios».