El reconocimiento automático del 33% de discapacidad para quien tenga un Grado I de dependencia y del 65% para los Grados II y III todavía no está en vigor y, por tanto, no puede solicitarse. La medida forma parte de la reforma que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley 39/2006 de Dependencia, aprobada por el Pleno del Congreso el 14 de julio de 2026 y remitida al Senado el 20 de julio, donde se tramita como expediente 621/000022 y figura en fase de pendiente de informe. Sin aprobación definitiva y sin publicación en el BOE, no hay derecho exigible.
La precisión importa porque en las últimas semanas se han multiplicado las consultas de personas que acuden a su comunidad autónoma a pedir un reconocimiento que aún no existe.
Dónde está exactamente la reforma
El recorrido parlamentario ha sido largo. El proyecto se presentó el 17 de julio de 2025 y se tramitó por el procedimiento de urgencia desde septiembre de ese año. Tras la votación en comisión, la avocación al Pleno y el dictamen del 9 de julio de 2026, el Congreso lo aprobó el 14 de julio con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones.
Desde el 30 de julio el texto se encuentra en fase de enmiendas en el Senado. Si la Cámara alta introduce cambios, el proyecto deberá volver al Congreso. Si no los introduce, quedará listo para sanción y publicación.
Qué contiene la reforma
Además del reconocimiento cruzado entre dependencia y discapacidad, el texto incorpora medidas de calado:
- La Administración General del Estado asume el 50% de la financiación del sistema de dependencia.
- 6.200 millones de euros adicionales para el periodo 2026-2027 y una aportación estatal total de 7.240 millones en 2027.
- Fin de las incompatibilidades entre prestaciones del sistema.
- La teleasistencia pasa a configurarse como derecho universal.
- El Estado asume las cotizaciones de los cuidadores no profesionales.
- El plazo máximo de resolución de los expedientes baja de seis a tres meses.
- La atención temprana de 0 a 6 años se reconoce como derecho subjetivo.
- Se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de seguros.
Lo que sí está vigente hoy
Conviene separar el proyecto de lo que ya se aplica. El Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, publicado en el BOE el 24 de junio, elevó los importes del nivel mínimo de protección con efectos desde el 1 de julio de 2026:
- Grado I: 90 euros al mes, frente a los 76 anteriores.
- Grado II: 260 euros, frente a 130.
- Grado III: 660 euros, frente a 290.
- Grado III+: 4.930 euros, para los casos de dependencia extrema.
Ese sí es derecho vigente y explica la subida que ya han notado los grandes dependientes.
La discusión sobre las listas de espera
El otro frente abierto es el de las cifras. El IMSERSO sitúa la lista de espera en 142.887 personas con datos de junio de 2026, un 21% menos que un año antes, y cifra en 1.707.328 las personas atendidas, con un tiempo medio de tramitación de 314 días.
El Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, eleva esa lista a 265.503 personas. La diferencia tiene explicación metodológica: el Observatorio suma las 110.108 personas pendientes de valoración, que la estadística oficial no computa como lista de espera porque su expediente aún no ha concluido.
Es decir, ambas cifras son correctas y miden cosas distintas. Conviene citarlas siempre juntas.
Qué hacer mientras tanto
Quien tenga reconocida la dependencia y quiera un grado de discapacidad debe seguir el procedimiento ordinario ante el órgano de valoración de su comunidad autónoma, conforme al Real Decreto 888/2022. No hay atajo, y presentar la solicitud invocando la futura ley no acelera nada.
Con todo, si el Senado no introduce enmiendas, la aprobación definitiva podría llegar en los próximos meses. Hasta que el texto aparezca en el BOE, cualquier titular que hable de derechos «ya reconocidos» está adelantando acontecimientos.
