Las personas con un grado III de dependencia reconocido, la llamada gran dependencia, tienen ya garantizada por ley la consideración de personas con un 65% de discapacidad, igual que quienes tienen un grado II. Así lo recoge la Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el BOE el 3 de octubre y en vigor desde el 23 de octubre de 2026. A este colectivo se suma además el aumento de la aportación del Estado, que ha pasado de 290 a 660 euros al mes por cada persona con gran dependencia desde el 1 de julio.
La reforma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy, modifica a la vez la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia. Su objetivo es acabar con una situación muy habitual: tener que abrir dos expedientes distintos para acreditar algo que en la práctica va de la mano.
Qué dice exactamente la ley sobre el 65%
El nuevo texto establece que se considerará que presentan una discapacidad del 33% las personas con un grado I de dependencia reconocido oficialmente, y del 65% quienes tengan reconocido un grado II o III. Es decir, la resolución de dependencia sirve por sí misma como prueba de un grado mínimo de discapacidad.
- Grado I (dependencia moderada): 33% de discapacidad.
- Grado II (dependencia severa): 65% de discapacidad.
- Grado III (gran dependencia): 65% de discapacidad.
Cabe recordar que el 65% no es una cifra cualquiera. Es el umbral que abre la puerta a buena parte de las ayudas reservadas a las discapacidades más graves, por lo que la equiparación tiene un peso especial para quienes están en los dos grados más altos.
La letra pequeña: Hacienda se queda fuera
La propia norma pone límites a esta asimilación. Según el BOE, producirá efectos «exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que expresamente la contemplen, no siendo de aplicación en el ámbito tributario».
Dicho de otro modo, tener un grado III no da acceso automático a las deducciones del IRPF ni a otras ventajas fiscales ligadas al certificado de discapacidad. Para esos beneficios seguirá siendo necesario el certificado ordinario, por lo que conviene revisar qué pide cada ayuda antes de solicitarla.
Asimismo, el 65% funciona como un mínimo, no como un techo. Quien considere que sus limitaciones justifican un porcentaje mayor puede pedir la valoración de discapacidad por la vía habitual. Hemos explicado este punto con detalle en qué cambia para quien ya tiene un grado de dependencia.
De 290 a 660 euros: el incremento para la gran dependencia
La mejora legal llega acompañada de más dinero. El Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, elevó el nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona dependiente. En el grado III la subida es del 128%, de 290 a 660 euros mensuales.
- Grado III: de 290 a 660 euros al mes.
- Grado II: de 130 a 260 euros al mes.
- Grado I: de 76 a 90 euros al mes.
Conviene aclarar que estas cantidades no se ingresan directamente en la cuenta del beneficiario. Son la parte de la financiación que aporta el Estado a cada comunidad, que es la que gestiona la dependencia y decide cómo se traduce en servicios o prestaciones. Puedes consultar el desglose completo en las nuevas cuantías por grado de dependencia.
Con este refuerzo, la aportación estatal a la dependencia alcanza los 5.513,8 millones de euros en 2026, según el Gobierno, que prevé superar los 7.200 millones en 2027. Bustinduy lo ha calificado como «una inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España».
Otros cambios que llegan con la reforma
La Ley 4/2026 también reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver una solicitud de dependencia, elimina incompatibilidades entre prestaciones y convierte la teleasistencia en un derecho. Además, amplía la figura del cuidador no profesional a personas del entorno cercano, como amigos o vecinos, aunque no sean familiares.
Con todo, la aplicación real dependerá de las comunidades autónomas. Según los últimos datos del Ministerio, 236.736 personas seguían pendientes dentro del sistema, y la ley da un año para aprobar un nuevo baremo de valoración de la dependencia.