El Congreso de los Diputados aprobó este martes 14 de julio una modificación eb la Ley de Propiedad Horizontal como parte del paquete de leyes de Discapacidad y Dependencia. A partir de ahora, las Administraciones públicas podrán colaborar económicamente en las obras de accesibilidad que se realicen en los edificios de vivienda, según recoge el Proyecto de Ley aprobado en el Pleno. La medida busca facilitar que las comunidades de propietarios puedan instalar ascensores, rampas u otros elementos de accesibilidad sin que el coste recaiga únicamente sobre los vecinos.
Qué cambia exactamente en las comunidades de vecinos
Hasta ahora, cualquier obra de accesibilidad en un edificio (instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras o adaptación de portales) dependía casi en exclusiva de lo que pudiera aportar la propia comunidad de propietarios, a menudo con derramas que muchos vecinos no podían asumir. Tal y como recoge en el punto 10 de la LPH, los vecinos financiaban esas obras con hasta 12 mensualidades extraordinarias de la comunidad.
Con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, las administraciones públicas —ayuntamientos, comunidades autónomas o el propio Estado— podrán entrar a financiar parte de esas obras. Es decir, se abre la puerta a subvenciones y ayudas públicas específicas para accesibilidad que hasta ahora no tenían un encaje legal tan claro dentro del régimen de propiedad horizontal.
Una pieza dentro de una reforma más amplia
Esta modificación no llega sola. Forma parte del Proyecto de Ley que reforma la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aprobado ese mismo martes junto con la convalidación de un Decreto Ley que aporta 6.200 millones de euros para reforzar la financiación del sistema de dependencia.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado el conjunto de la reforma como una «reforma amplísima que viene acompañada de una financiación histórica» para transformar el modelo de cuidados en España.
Por su parte, el presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Luis Cayo Pérez, ha defendido que se trata de:
«Uno de los mayores avances legislativos en esta materia de los últimos años»
Cabe recordar: la accesibilidad como derecho reconocido
Asimismo, la reforma establece la accesibilidad universal como un derecho y prevé la creación de un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, que en el futuro podría articular precisamente estas ayudas a la rehabilitación de edificios.
A pesar de ello, la letra pequeña sobre cómo se repartirán esos fondos entre administraciones y comunidades de vecinos —convocatorias, porcentajes de cofinanciación, plazos— todavía no se ha detallado. Serán el desarrollo reglamentario posterior y las convocatorias de ayudas los que determinen cómo se traduce en la práctica esta colaboración económica.
Esta moficiación pasa ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que buscará introducir enmiendas centradas en la sostenibilidad financiera del sistema. Será en esa segunda vuelta parlamentaria donde se decida si la reforma llega a su redacción definitiva o incorpora cambios adicionales antes de su aprobación final.
