El Sindicato de Inquilinas ha comunicado este miércoles 7 de octubre de 2026 el fallecimiento de Maricarmen, la vecina de Madrid de 87 años, con movilidad reducida y un grado de discapacidad reconocido del 50%, que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre de la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, donde había vivido desde 1956. María del Carmen Abascal ha muerto en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el mismo día del desahucio, 14 días después de ser desalojada de su hogar.
Por el momento no se ha hecho pública una causa médica concreta del fallecimiento. Maricarmen tuvo que abandonar su casa en camilla debido a su delicado estado de salud y, según la información publicada por distintos medios, fue ingresada por un cuadro de estrés y agotamiento severo. En los días posteriores se le realizaron diversas pruebas médicas y su entorno había alertado de que, tras el desahucio, quedó postrada en la cama, perdió mucha masa muscular y apenas podía caminar ni mantenerse en pie.
Su muerte llega cuando ya existía una solución para que pudiera regresar a su vivienda. Con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid, se había alcanzado un acuerdo para que Maricarmen volviera a su casa en cuanto recibiera el alta, con un nuevo contrato de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos. Sin embargo, nunca llegó a salir del hospital. El Sindicato de Inquilinas ha lamentado que esta solución haya llegado «demasiado tarde» y ha calificado lo ocurrido como una situación «absolutamente evitable tras un proceso torturante».
El caso de Maricarmen se había convertido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y de la especial vulnerabilidad de las personas mayores y con discapacidad ante los desahucios. Su desalojo provocó movilizaciones en Madrid y en otras ciudades de España, entre ellas la acampada en la Puerta del Sol. Desde el hospital, Maricarmen llegó a enviar mensajes de agradecimiento y animó a seguir luchando. Su familia, su abogada y el Sindicato de Inquilinas han asegurado que continuarán defendiendo el derecho a una vivienda digna.