La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha reconocido la Gran Invalidez a una funcionaria jubilada por incapacidad permanente. Este reconocimiento ha llegado tras acreditar que se encuentra en una situación de dependencia.
En concreto, esta ciudadana ha demostrado que el agravamiento de su enfermedad le ha ocasionado una pérdida de autonomía, por lo que necesita la ayuda de terceras personas para la realización de las actividades básicas del día a día.
Estaba jubilada por incapacidad permanente
La resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia anula las resoluciones administrativas que rechazaron la Gran Invalidez. Tras la sentencia, esta ciudadana podrá percibir un complemento equivalente al 50% de la cuantía de su pensión de jubilación, conforme al importe acreditado en la nómina por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Esta funcionaria se había jubilado por incapacidad permanente con efectos económicos desde el mes de diciembre de 2019. Sin embargo, en el mes de mayo de 2023 solicitó a MUFACE la revisión de su situación y el reconocimiento de la Gran Invalidez.
La petición de Gran Invalidez se llevó a cabo al considerar que su enfermedad había empeorado, provocando la necesidad de ayuda por parte de terceras personas para realizar los actos básicos de la vida.
Al respecto, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) recogió en su informe lo siguiente: «Padece esclerosis múltiple en progresión, con necesidad de uso de silla de ruedas para desplazamiento, y necesidad de ayuda para algunas necesidades». A pesar de ello, determinó que esta ciudadana no requería de la ayuda de terceras personas para los actos básicos de la vida cotidiana, por lo que terminó rechazando la solicitud.
Obtiene la Gran Invalidez al encontrarse en una situación de dependencia
Debido al rechazo de la solicitud por la vía administrativa, esta ciudadana decidió seguir luchando por la Gran Invalidez por la vía judicial. Durante el juicio se presentaron una serie de pruebas definitorias para acreditar que se encontraba en situación de dependencia y que necesitaba ayuda de terceras personas para los actos básicos de la vida cotidiana.
Concretamente, se aportó una prueba judicial que recogía una afectación neurológica severa con pérdida total de la marcha y una dependencia casi completa para las acciones básicas de la vida diaria.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia establecen que la ciudadana «ha llegado a un estadio en que necesita la ayuda de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria». Por tanto, le han reconocido la situación de Gran Invalidez.
La prueba médica presentada durante el juicio, además de acreditar el carácter progresivo de la enfermedad, ha resultado clave para el reconocimiento final del complemento de Gran Invalidez. Eso sí, la sentencia no es definitiva y cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
En este sentido, es preciso tomar como referencia la normativa del Mutualismo Administrativo. Esta norma establece que la situación de Gran Invalidez puede aparecer después de la jubilación por incapacidad permanente; siempre que se genere un agravamiento de la situación por la que se reconoció la jubilación por incapacidad permanente.