Dos personas mayores que mantienen una relación pero no están casadas, o quienes comparten hogar sin vínculo familiar, podrán ser reconocidas oficialmente como cuidadoras de una persona en situación de dependencia. Es una de las medidas de la reforma que el Congreso aprobó el 14 de julio de 2026, según el Ministerio de Derechos Sociales, que la justifica en la necesidad de asumir «los diferentes modelos de convivencia que hay». La norma, pendiente aún del Senado, también obliga por ley a la Administración General del Estado a abonar las cotizaciones de las cuidadoras principales.
Es decir, el sistema deja de exigir el parentesco como puerta de entrada al reconocimiento.
Dos figuras distintas
El texto ordena un terreno que hasta ahora era confuso al reconocer normativamente dos perfiles:
- Cuidador o cuidadora principal, la figura que asume la responsabilidad central de los cuidados.
- Cuidador o cuidadora no profesional, que la complementa.
A esas dos se suma el reconocimiento de que personas del mismo entorno relacional puedan prestar cuidados, aunque no consten como familiares.
Cotizaciones garantizadas y sustitución en caso de baja
El segundo bloque de la medida tiene un efecto económico directo. La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales, un colectivo que, como recuerda el propio ministerio, está formado mayoritariamente por mujeres.
Asimismo, la norma prevé la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de la cuidadora. Es una de las lagunas más denunciadas del sistema actual: cuando quien cuida cae enferma, la atención a la persona dependiente queda en el aire.
Para quienes ya están dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, el cambio consolida una cobertura que hasta ahora dependía de decisiones presupuestarias.
El texto debe superar todavía el trámite del Senado antes de publicarse en el BOE.
