Hasta ahora, tener reconocido un grado de dependencia no significaba tener también reconocida una discapacidad, aunque el origen de ambas fuera la misma enfermedad o limitación. Miles de familias se han visto obligadas a presentar prácticamente la misma documentación médica y social dos veces, ante dos organismos distintos, para poder acceder a prestaciones, bonificaciones fiscales, tarjetas de aparcamiento o ayudas que dependen de uno u otro certificado. Eso cambia con la reforma que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 14 de julio.
Qué aprobó el Congreso
La Cámara Baja dio luz verde a la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. El cambio central es sencillo de explicar: si el sistema ya ha reconocido que una persona necesita apoyo para las actividades básicas de la vida diaria a través del grado de dependencia, ese mismo reconocimiento activará automáticamente el nivel de discapacidad que le corresponda, sin necesidad de iniciar un segundo procedimiento administrativo.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, resumió así el efecto práctico de la norma durante el debate parlamentario: «votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad». Bustinduy fue más allá y enmarcó la reforma en un cambio de modelo que, a su juicio, deja atrás el enfoque asistencialista sobre la discapacidad: la definió como «la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo«.
Por qué hasta ahora había que tramitar cada reconocimiento por separado
El grado de discapacidad y el grado de dependencia se han valorado tradicionalmente mediante procedimientos independientes, cada uno con sus propios baremos, plazos y equipos de valoración, aunque en muchos casos partían de la misma patología o limitación funcional de la persona. Esa duplicidad obligaba a presentar de nuevo los informes médicos y sociales, y a esperar dos resoluciones distintas para poder acceder a prestaciones o beneficios que dependen de uno u otro certificado.
Cuándo entra en vigor: el trámite que falta en el Senado
La reforma todavía no está en vigor. Antes de que cualquier persona pueda beneficiarse del reconocimiento automático, el texto tiene que completar su recorrido parlamentario: pasa ahora al Senado, donde el Partido Popular ha anunciado que presentará enmiendas centradas en la sostenibilidad financiera del sistema. Será en esa segunda vuelta cuando se determine si la ley llega a su redacción definitiva o si incorpora modificaciones antes de la aprobación final.
Mientras el proceso no concluya, las personas con un grado de dependencia reconocido deben seguir solicitando el certificado de discapacidad por la vía habitual en su comunidad autónoma. Desde Tododisca seguiremos informando del trámite en el Senado y de la fecha exacta de entrada en vigor en cuanto se conozca.
