El reconocimiento del grado de dependencia dará acceso automático al reconocimiento de discapacidad, sin que la persona afectada tenga que iniciar un segundo procedimiento administrativo. Así lo estableció el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio, al aprobar la reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales.
Es una pregunta que se repite constantemente entre las familias que gestionan ambos reconocimientos: ¿por qué hay que demostrar dos veces una misma situación de salud ante dos organismos distintos? La reforma responde directamente a esa duplicidad, aunque conviene aclarar desde ya un matiz importante: la medida todavía no está en vigor.
Por qué hasta ahora había que tramitar discapacidad y dependencia por separado
Hasta esta reforma, el grado de discapacidad y el grado de dependencia se valoraban mediante procedimientos independientes, con sus propios baremos, plazos y equipos de valoración, aunque en muchos casos partieran de la misma patología o limitación funcional. Esto obligaba a la persona (o a su familia) a presentar prácticamente la misma documentación médica y social dos veces, y a esperar dos resoluciones distintas para poder acceder a prestaciones, bonificaciones fiscales, tarjetas de aparcamiento o ayudas que dependen de uno u otro certificado.
La reforma ataja ese problema desde la raíz: si el sistema ya ha reconocido que una persona necesita apoyo para las actividades básicas de la vida diaria (dependencia), ese mismo reconocimiento activará automáticamente el nivel de discapacidad correspondiente, sin papeleo adicional.
Qué ha dicho el Gobierno sobre el alcance de la medida
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, resumió así el efecto práctico de la norma durante el debate: «votar sí implica que una persona a quien se le reconozca un grado de dependencia no va a tener que hacer más papeleos ni trámites burocráticos adicionales para acceder también al reconocimiento del nivel de discapacidad».
Bustinduy fue más allá y enmarcó la reforma en un cambio de modelo, no solo administrativo. La definió como «la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo» y sostuvo que deja atrás el enfoque asistencialista sobre la discapacidad y el modelo basado en macrorresidencias. En su intervención fue especialmente contundente:
La tibieza o el gradualismo es la antesala de la incompletud o del fracaso. Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación.
Cuándo entra en vigor: el trámite que falta en el Senado
Antes de que cualquier persona pueda beneficiarse de este reconocimiento automático, el texto tiene que completar su recorrido parlamentario. La reforma pasa ahora al Senado, donde el PP ha anunciado que presentará enmiendas centradas en la sostenibilidad financiera del sistema. Será en esa segunda vuelta cuando se determine si la ley llega a su redacción definitiva o si incorpora modificaciones antes de la aprobación final.
Mientras el proceso no concluya, las personas con un grado de dependencia reconocido deben seguir solicitando el certificado de discapacidad por la vía habitual en su comunidad autónoma.
