Un empleado de banca de 53 años con esquizofrenia paranoide cobrará una pensión de 3.567,75 euros mensuales después de que la justicia le reconociera la incapacidad permanente absoluta que el INSS le había negado. El Juzgado de lo Social nº 6 de Santander le dio la razón en febrero de 2026 y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado después ese criterio, según ha publicado el medio especializado NoticiasTrabajo.
Treinta años de brotes y un diagnóstico que venía de lejos
El trabajador entró en la entidad financiera en 1996 y desarrolló su carrera en atención al cliente, un puesto que exige trato continuo con el público y toma de decisiones. Su enfermedad, sin embargo, arrastraba ya una larga evolución: los informes recogen episodios psicóticos en 1990, 1992, 1994, 1999, 2017 y 2021, y un último brote en septiembre de 2022.
Entre brote y brote no hay una recuperación completa. La resolución describe un cuadro residual persistente, con «ideas de perjuicio, suspicacia, falta de concentración e incapacidad para tomar decisiones» y una «vida social muy escasa». Es decir, precisamente las capacidades que su trabajo requería a diario.
El argumento del INSS: podía hacer «trabajos livianos y sedentarios»
La Seguridad Social sostenía que las limitaciones no le impedían toda actividad laboral y que podía desempeñar «trabajos livianos y sedentarios», la fórmula habitual con la que se rebaja una absoluta a incapacidad total. Los tribunales han rechazado ese planteamiento con un razonamiento que va al fondo de qué significa poder trabajar.
La sentencia recuerda que la esquizofrenia provoca una «disociación de las funciones psíquicas y pérdida de facultades intelectuales y de voluntad», un deterioro que no se resuelve cambiando de tarea o reduciendo el esfuerzo físico. Y añade el matiz decisivo: aunque el afectado pueda realizar «cosas aisladas y discontinuas», eso no equivale a poder desempeñar «un trabajo como actividad reglada, efectiva y retribuida».
Por qué el fallo importa más allá de este caso
La distinción entre hacer cosas puntuales y sostener un empleo es el terreno donde se decide la mayoría de los pleitos por incapacidad en patologías psiquiátricas. Un trabajo exige constancia, horario, rendimiento y trato con terceros, requisitos que un cuadro con brotes recurrentes rara vez garantiza aunque la persona conserve autonomía para su vida diaria.
La absoluta supone el 100% de la base reguladora, frente al 55% o el 75% de la total, de ahí el salto hasta los 3.567,75 euros. Cabe recordar que los tribunales han seguido la misma línea en otros diagnósticos de salud mental, como cuando un conductor de autobús con trastorno bipolar pasó de la total a la absoluta o cuando un juzgado concedió el 100% por depresión tras la negativa del INSS.
Con todo, el reconocimiento de una incapacidad no cierra la puerta a otras vías para el colectivo: la normativa contempla también la jubilación anticipada por enfermedad mental con determinados grados de discapacidad reconocidos. Lo que este caso deja claro es que la carga de la prueba sobre qué puede hacer realmente un trabajador con un cuadro psiquiátrico grave no se resuelve con una etiqueta genérica.
