El Consejo de Ministros aprobó el martes 13 de octubre de 2026 un real decreto que modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Entre sus novedades, reconoce el derecho a la asistencia jurídica inmediata a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, con independencia de los recursos económicos que tengan.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, según han recogido EFE, a través de Infobae, y la publicación jurídica Legal Today.
Quién tendrá derecho a la asistencia jurídica inmediata
El real decreto reconoce la asistencia jurídica inmediata a varios colectivos especialmente vulnerables, «con independencia de si tienen o no recursos para litigar»:
- Personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
- Víctimas del terrorismo.
- Víctimas de trata de seres humanos.
- Mujeres y menores de edad víctimas de violencia sexual.
Esto significa que estas personas no tendrán que acreditar falta de medios económicos para recibir el apoyo de un abogado desde el primer momento. Según la información publicada, el objetivo de la reforma es reforzar la «tutela judicial efectiva» de la ciudadanía y mejorar el servicio.
Más compensación para abogados y procuradores del turno de oficio
La norma mejora también la compensación económica de los profesionales que prestan este servicio. Los abogados y procuradores recibirán «un 50 % más de la cuantía que fuera aplicable al procedimiento», según la información difundida tras el Consejo de Ministros.
Las fuentes consultadas no detallan todavía en qué supuestos concretos se aplicará este incremento, por lo que habrá que esperar a la publicación del texto en el BOE.
De la cultura del pleito a la cultura del acuerdo
El real decreto busca además fomentar la resolución de conflictos mediante acuerdos extrajudiciales. La idea es evitar que lleguen a los tribunales asuntos que puedan resolverse de otra manera, pasando «de una cultura del pleito a una cultura del acuerdo», según se resumió en la presentación de la medida.
Qué es la asistencia jurídica gratuita
La asistencia jurídica gratuita es un derecho que permite a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar contar con abogado y procurador de oficio sin coste, además de otras prestaciones como la exención de tasas o la asistencia pericial gratuita. Con carácter general, se reconoce en función de los ingresos de la unidad familiar.
La ley ya contemplaba que determinados colectivos accedieran a este derecho sin acreditar su situación económica, como las víctimas de violencia de género. Ahora el Gobierno amplía y concreta ese reconocimiento inmediato en el reglamento.
Para las personas con discapacidad, esta medida puede ser relevante en procedimientos en los que necesitan defender sus derechos, por ejemplo ante situaciones de abuso o desprotección. En muchos casos, además, se enfrentan a trámites administrativos y judiciales complejos, como los relacionados con prestaciones o con el reconocimiento de grados. Puedes consultar los beneficios fiscales que supone tener una discapacidad reconocida en este artículo sobre la reducción en el IRPF.
Pendiente de publicación en el BOE
Por el momento, las informaciones publicadas no indican la fecha de entrada en vigor del real decreto. Tampoco se ha detallado qué criterios se usarán para considerar que una persona con discapacidad está necesitada de especial protección.
Habrá que esperar a la publicación del texto en el Boletín Oficial del Estado para conocer todos los detalles. Mientras tanto, quien necesite asistencia jurídica gratuita puede informarse en el Servicio de Orientación Jurídica del colegio de abogados de su provincia, donde se tramitan las solicitudes. En cualquier caso, cada situación debe estudiarse de forma particular.