Loli, vecina de la localidad barcelonesa de El Bruc, ha decidido hacer pública la situación que atraviesa su familia. Su hija, de 17 años, tiene trastorno del espectro autista (TEA) no verbal, discapacidad intelectual y depresión mayor, con un grado de discapacidad reconocido del 88%. Tras tres años esperando una plaza residencial, esta madre lanza un mensaje claro a las administraciones: «Mi hija necesita estar en un centro, al igual que necesita comida».
En una entrevista concedida a RAC1, Loli explica que el estado de salud de su hija empeoró de forma notable hace tres años. Las agresiones, las autolesiones y los episodios de crisis llevaron a la menor a ser ingresada en una unidad de salud mental de agudos. Fue entonces cuando la familia recibió la indicación de que la joven debía acceder a un centro residencial específico.
Sin embargo, esa plaza nunca ha llegado. «Llevamos tres años esperando tener plaza residencial para ella y nadie ha movido un dedo. Se pasan la pelota», lamenta esta madre, que denuncia lo que considera un abandono clínico y administrativo.
Tres años esperando una plaza residencial
Según relata Loli, en este tiempo se le ha comunicado en dos ocasiones la existencia de posibles plazas para su hija, pero ninguna de ellas se ha llegado a materializar. Incluso asegura que se le ha negado el acceso a un centro porque la joven no se encuentra estable clínicamente, algo que, a su juicio, solo podría conseguirse con un ingreso prolongado que tampoco termina de producirse.
La familia denuncia además que la derivación a un servicio especializado del Hospital San Juan de Dios de Manresa-Althaia se produjo hace más de nueve meses y que, desde entonces, el seguimiento psiquiátrico y psicológico se ha ido diluyendo. «Llamo, voy y me dicen que ya van a llamarme», resume.
La situación también afecta a su hijo pequeño, que tiene autismo y un grado de discapacidad del 82%. Loli es la cuidadora principal de ambos y no puede acceder a un empleo. «Ha sido un infierno. Ves a tu hija sufriendo cada día, a tu hijo, a ti… Y parece que se pasan la pelota unos a otros», confiesa.
El temor a la mayoría de edad
Esta madre ha acudido al Síndic de Greuges y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores para intentar desbloquear el caso. Por el momento, asegura que la respuesta ha sido el silencio administrativo.
Su mayor preocupación es que su hija cumpla los 18 años sin una solución. En ese caso, el expediente como menor se cerraría y habría que iniciar uno nuevo en los servicios de adultos, lo que supondría volver a la casilla de salida. «Llevo tres años arriba y abajo. Tres años en los que nadie ha hecho nada, pero todo el mundo sabe lo grave que es la situación», denuncia.
Su testimonio llega en pleno debate sobre los tiempos de espera en el sistema de atención a la dependencia y la discapacidad. De hecho, la nueva ley establece que la solicitud de dependencia deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses, una medida que muchas familias esperan que se traduzca en una atención más ágil y en más recursos para las personas con grandes necesidades de apoyo.
