Marina Alaminos (@marinaalaminos), abogada, emite una importante advertencia sobre los grados de discapacidad: «Que lleves años con un porcentaje reconocido no significa que la Administración no pueda revisarlo«.
Así se presenta el caso de Raquel, una mujer que llevaba más de 20 años conviviendo con un grado de discapacidad reconocido del 66%. Sin embargo, tras una revisión, la Consejería decidió rebajarlo hasta el 33%, que es el mínimo porcentaje para gozar de beneficios.
Esa decisión estaba basada en una mejoría que era irreal y sin ofrecer explicación alguna. Por ello, Alaminos también estima que la Administración, a pesar de tener potestad para revisar el grado de discapacidad, «tampoco significa que puedan bajártelo sin justificarlo correctamente».
20 años con un grado de discapacidad reconocido del 66%
En el año 1998, Raquel recibió por primera vez la validez para ostentar un grado de discapacidad reconocido por la Administración. Posterior a ese reconocimiento, esta mujer ha tenido que pasar por diferentes revisiones para volver a valorar su estado.
Con el paso del tiempo, la situación de Raquel no sólo no mejoraba, sino que iba empeorando notablemente y, por ende, su grado de discapacidad iba aumentando progresivamente. En el año 2006, finalmente, alcanzó el 66% de discapacidad.
De acuerdo con la abogada Marina Alaminos, «su cuadro clínico era complejo y crónico, con patologías que iban agravándose con el paso del tiempo»: escoliosis grave, enfermedad de Crohn, osteoartrosis, trastorno ansioso-depresivo y glaucoma.
Raquel presentaba «una combinación de dolencias que afectaban a su día a día, impidiéndole llevar una vida normalizada», explica la abogada. Además, el reconocimiento de ese grado de discapacidad del 66% también le permitía acceder a varios beneficios, entre los que se encontraba la jubilación anticipada.
Sin embargo, en una de las revisiones a las que acudía Raquel, pese a que su situación no había mejorado, la Administración decidió rebajar su grado de discapacidad hasta el 33%: «Perdía beneficios, perdía estabilidad y perdía derechos que llevaba años teniendo reconocidos».
Acreditar y motivar la resolución
Raquel decidió que no podía permanecer de brazos cruzados ante esa injusta situación y comenzó a luchar para recuperar un derecho que era plenamente suyo.
Se puso en manos de profesionales de la abogacía en el despacho de Marina Alaminos. Así, tras revisar su caso, su historial clínico, informes médicos y la resolución de la Consejería creyeron conveniente reclamar el veredicto.
«Podíamos recuperar el grado de discapacidad del 66%«, indica Alaminos, por lo que se presentó una reclamación previa, informando de la situación al detalle y aportando todo tipo de documentación. Pero la Consejería la desestimó alegando que estaba fuera de plazo.
Ante esta tesitura, los abogados se decantaron por la vía judicial, donde la juez tuvo claro que, efectivamente, no había habido mejoría y no tenía sentido retirar la discapacidad del 66%: «Detrás de muchos ‘no’ administrativos, hay errores o decisiones mal fundamentadas».
