El Tribunal Supremo ha zanjado un debate de años: la pensión de incapacidad permanente total (IPT) y el subsidio para mayores de 52 años son plenamente compatibles, siempre que la pensión no supere el límite de rentas del subsidio, fijado en 915,75 euros brutos mensuales en 2026. Así lo han establecido las sentencias 833, 834 y 835/2025, de 29 de septiembre, del Pleno de la Sala Cuarta, que desestimaron los recursos del SEPE y confirmaron que percibir una IPT no impide acceder al subsidio del artículo 280.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
Cabe recordar que la incapacidad permanente total inhabilita para la profesión habitual, pero permite trabajar en otra distinta. De ahí que quien pierde ese segundo empleo pueda agotar el paro contributivo y solicitar después el subsidio asistencial.
Qué ha cambiado con la nueva doctrina
El obstáculo no era la compatibilidad teórica, sino el cómputo de las cotizaciones. El SEPE exigía que los 15 años cotizados necesarios para acreditar el derecho a la futura jubilación se acumularan después del reconocimiento de la incapacidad, algo casi inalcanzable.
El Supremo ha rechazado esa lectura. La resolución distingue entre las carencias propias de la protección por desempleo y las «reflejas», ligadas a la jubilación, y concluye que computan todas las cotizaciones de la vida laboral, incluidas las anteriores a la declaración de IPT. Es decir: el requisito de cotización para jubilarse deja de funcionar como causa automática de exclusión. Uno de los casos resueltos partía de un trabajador con pensión de IPT desde 2017 al que el SEPE acabó reclamando lo abonado.
La clave está en no rebasar los 915,75 euros
El requisito que de verdad decide: la carencia de rentas
Aquí se estrecha la compatibilidad. El subsidio exige que las rentas propias del solicitante, durante el mes natural anterior a la solicitud, prórroga o reanudación, no rebasen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, excluidas las pagas extraordinarias.
Con el SMI de 2026 en 1.221 euros brutos en 14 pagas, tras la subida del 3,1% aprobada por el Real Decreto 126/2026, publicado en el BOE el 19 de febrero, ese techo son 915,75 euros al mes. Quien cobre una IPT superior queda fuera; por debajo, puede sumar ambas prestaciones.
Requisitos para acceder al subsidio
Tras la reforma del Real Decreto-ley 2/2024, vigente desde el 1 de noviembre de 2024, hay que:
- Tener 52 años o más y no haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación.
- Estar en desempleo legal, inscrito como demandante y con el acuerdo de actividad firmado.
- Haber agotado la prestación contributiva o un subsidio previo.
- Acreditar 15 años cotizados, dos en los últimos 15, y seis años por desempleo.
- Cumplir la carencia de rentas.
Asimismo, mantener el derecho obliga a presentar una declaración anual de rentas.
La cotización que la pensión no da
La cuantía es modesta —480 euros mensuales, el 80% del IPREM—, pero su valor está en otro punto. Mientras se cobra, el SEPE ingresa cotizaciones sobre una base equivalente al 125% del tope mínimo del Régimen General, lo que protege la futura pensión de jubilación. El detalle es decisivo para un pensionista de IPT, porque por percibir la pensión de incapacidad no se cotiza. Con todo, esa cotización sirve para calcular el importe de la futura pensión, no como años sumados para la carencia mínima.
«La sentencia ofrece seguridad jurídica a miles de personas mayores de 52 años que perciben una incapacidad permanente total y se encuentran en situación de desempleo», han señalado desde Unive Abogados.
La consecuencia práctica es que las denegaciones y reclamaciones de cobro indebido basadas en el criterio anterior del SEPE han quedado sin sustento, lo que permite revisar expedientes. Y una advertencia de futuro: quien tenga una pensión cercana a los 915,75 euros deberá vigilar cada revalorización del SMI, porque puede mover esa frontera.
